Los ciudadanos fiscalizarán al día como tramita sus papeles la Administración

Los ciudadanos tendrán derecho a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de sus asuntos ante la Administración. También tendrán derecho a exigir la identificación de los funcionarios bajo cuya responsabilidad se tramiIten los procedimientos que les afecten. Ambos derechos están recogidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común que hoy aprobará, previsiblemente, el Consejo de Ministros.

Esta ley, que sustituye a la legislación elaborada por el ministro franquista Laureano López Rodó, se encuadra en el proc...

Los ciudadanos tendrán derecho a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de sus asuntos ante la Administración. También tendrán derecho a exigir la identificación de los funcionarios bajo cuya responsabilidad se tramiIten los procedimientos que les afecten. Ambos derechos están recogidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común que hoy aprobará, previsiblemente, el Consejo de Ministros.

Esta ley, que sustituye a la legislación elaborada por el ministro franquista Laureano López Rodó, se encuadra en el proceso de modernización de las Administraciones, que el Gobierno se plantea como reto prioritario. La ley contiene, como novedades significativas, un código de garantías ciudadanas y la regulación del silencio administrativo.El código de garantías de los ciudadanos es un decálogo de derechos que establece, además de la opción de conocer el estado de tramitación de sus asuntos ante la Administración y de la identificación de los funcionarios bajo cuya responsabilidad se tramitan los procedimientos, la posibilidad de no presentar documentos no exigidos por las normas o que ya hayan sido aportados.

Los ciudadanos tendrán también derecho a obtener copia sellada de los documentos que presenten ante la Administración así como a la devolución de los originales que no deban obrar en el procedimiento, y a formular alegaciones y aportar documentos en cualquier fase anterior al tramite de audiencia. Asimismo, tendrán derecho a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su comunidad.

Por último, los ciudadanos tendrán derecho a obtener información sobre los requisitos jurídicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos o solicitudes que se propongan realizar; el acceso a los registros y archivos de las administraciones públicas y la exigencia de responsabilidades de las administraciones públicas y del personal a su servicio.

Esta ley avanza un código de derechos ciudadanos ante la Administración que el secretario de Organización del PSOE, Txiki Benegas, se comprometió el sábado a presentar ante la opinión pública. El código que presentará el PSOE será más amplio y no limitado al ámbito de la Administración.

El silencio administrativo o la costumbre de la Administración de dar por rechazada una petición si en un plazo de tiempo no obtenía respuesta, es otro de los aspectos clave que aborda esta ley. Según la nueva ley, "la Administración está obligada a dictar resolución expresa sobre cuantas solicitudes se formulen por los interesados, así como en los procedimientos iniciados de oficio cuya instrucción y resolución afecte a los ciudadanos o a cualquier interesado". La ley establece unplazo máximo de tres meses "para resolver las solicitudes que se formulen por los interesados cuando la norma de procedimiento no fije plazos".

Quedan exentos de la obligación de pronunciamiento por parte de la Administración los casos en los que se produzca prescripción, caducidad, renuncia o desistimiento. Otro aspecto importante que amplía esta ley es el concepto legal de interesado. Según la ley, podrán actuar ante las administraciones públicas quienes, sin haber iniciado el procedimiento, ostenten derechos que puedan resultar afectados.