Portugal quiere reducir la inflación al 8% en 1992 para ingresar en el SME
El objetivo prioritario de la política económica del Gobierno portugués en 1992 será la reducción hasta un 8% de la tasa de inflación que se situaba ligeramente por debajo del 10% en diciembre de 1991, de forma que pueda permitir la adhesión del escudo al sistema monetario europeo (SME) entre finales de 1993 e inicios de 1994.El nuevo ministro de Finanzas del Gobierno de Cavaco Silva, Jorge Braga de Macedo, conocido por sus convicciones liberales, ha sido obligado a renunciar a algunas de las propuestas que ha defendido desde que fue encargado de elaborar los primeros presupuestos de la nueva ...
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El objetivo prioritario de la política económica del Gobierno portugués en 1992 será la reducción hasta un 8% de la tasa de inflación que se situaba ligeramente por debajo del 10% en diciembre de 1991, de forma que pueda permitir la adhesión del escudo al sistema monetario europeo (SME) entre finales de 1993 e inicios de 1994.El nuevo ministro de Finanzas del Gobierno de Cavaco Silva, Jorge Braga de Macedo, conocido por sus convicciones liberales, ha sido obligado a renunciar a algunas de las propuestas que ha defendido desde que fue encargado de elaborar los primeros presupuestos de la nueva legislatura, cuyo debate se inicia ahora en el Parlamento.
Como subrayó el ministro en su presentación del proyecto de ley, estos presupuestos son "los primeros del mercado único" y, en consecuencia, "hay que dar una atención prioritaria a la inversión en obras públicas y enseñanza y proceder a la armonización de la política fiscal con las normas comunitarias".
Recién salido de unas elecciones generales durante las que prometió la continuación del ciclo de desarrollo y aumento del nivel de vida que Portugal conoce desde 1986, el Gobierno luso no quiere oír hablar de estabilización o de austeridad y la palabra de orden es "rigor", pero es obvio para todos que se trata de un eufemismo cuando el objetivo oficial de la política económica para 1992 es la reducción del déficit público del 6,5% al 4% del Producto Interior Bruto (PIB) para acercarse al resto de sus socios comunitarios. Ello significa aumentar los ingresos y reducir el gasto público, o sea, más impuestos y recortes en los presupuestos de todos los ministerios, menos Enseñanza y Sanidad.