El PSOE confía en que no prospere un recurso contra la "ley Corcuera"
El Grupo Socialista del Senado dio ayer por hecho que la Ley de Seguridad Ciudadana llegará al Tribunal Constitucional, pero se mostró convencido de que el recurso no prosperará, según explicó el senador Joaquín Galán en su defensa del proyecto. La ley quedó aprobada por la Cámara Alta con las matizaciones pactadas con CiU y el PNV y alguna enmienda técnica más. El ministro del Interior, José Luis Corcuera, consideró "probablemente legítimas", las discrepancias.
Corcuera, quien ha acusado reiteradamente a los opositores a la ley de creerse en posesión de la verdad por presumir su incons...
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El Grupo Socialista del Senado dio ayer por hecho que la Ley de Seguridad Ciudadana llegará al Tribunal Constitucional, pero se mostró convencido de que el recurso no prosperará, según explicó el senador Joaquín Galán en su defensa del proyecto. La ley quedó aprobada por la Cámara Alta con las matizaciones pactadas con CiU y el PNV y alguna enmienda técnica más. El ministro del Interior, José Luis Corcuera, consideró "probablemente legítimas", las discrepancias.
Corcuera, quien ha acusado reiteradamente a los opositores a la ley de creerse en posesión de la verdad por presumir su inconstitucionalidad, hizo gala de displicencia hacia quienes rechazan el proyecto. El ministro dijo que los socialistas han realizado un esfuerzo al pactar enmiendas con los nacionalistas catalanes y vascos y añadió que la nueva redacción, de los artículos 20 y 21 debería servir para superar las reticencias, "probablemente legítimas", que aún puedan existir. Corcuera reafirmó su convicción de que el proyecto era plenamente constitucional tal y como salió del Congreso. Preguntado si la matización del artículo 21 ha logrado superar las dudas del Defensor del Pueblo sobre la constitucionalidad del texto, contestó: "Pregúntenselo a él. Debe ser él quien lo diga".
Los socialistas dan por desactivado, en realidad, el posible recurso del Defensor del Pueblo, tras la negociación mantenida para pulir la redacción de los artículos más conflictivos. Consideran prácticamente seguro, en cambio, que la ley Corcuera acabará ante él Tribunal Constitucional, al mantener el PP su rechazo frontal tras las últimas modificaciones.
Así lo hizo ver el senador Galán desde la tribuna. Galán pidió tranquilidad a los grupos que se oponen a la entrada policial en domicilios sin mandamiento judicial. "Si los supuestos contemplados en el artículo 21 no son delito flagrante", señaló, "el Tribunal Constitucional les dará la razón, puesto que la Constitución sólo admite esa excepción a la inviolabilidad de domicilio". Galán se mostró seguro de que el recurso no prosperará, pero, dijo, "ya lo veremos".
Libro de registro
La ley fue aprobada con los votos a favor de los grupos socialista, CiU y PNV y la oposición del PP y la mayoría del Grupo Mixto, incluidos Izquierda Unida y el CDS.
Tras la introducción de las últimas enmiendas, los agentes de policía, en el ejercicio de funciones de indagación o prevención, podrán requerir la identificación de las personas siempre que lo consideren necesario. Si no se logra por cualquier medio, "para impedir la comisión de un delito o falta o al objeto de sancionar una infracción", podrán requerir al ciudadano a acompañarles a dependencias próximas para realizarla. En las dependencias se llevará un libro de registro de estas diligencias. El Ministerio del Interior remitirá periódicamente a la Fiscalía extracto de las mismas.
La policía, por otra parte, queda legitimada para penetrar en domicilios particulares sin mandamiento judicial cuando tenga "conocimiento fundado que les lleve a la constancia" de que se está cometiendo o se acaba de cometer un delito de narcotráfico, siempre que su presencia sea necesaria para impedir la consumación del delito, la huída del delincuente o la desaparición de los efectos o instrumentos. El atestado deberá ser remitido "sin dilación" a la autoridad judicial.
Los esfuerzos de la oposición para introducir correcciones en el apartado sobre sanciones se estrellaron ante el bloque mayoritario. PP, IU y CDS trataron sin éxito de reducir el margen de discrecionalidad de la Administración, que podrá imponer multas de hasta 100 millones de pesetas. "La simple desviación del trayecto autorizado de una manifestación puede ser castigada con 100 millones", aseguró el centrista Alberto Dorrego. La oposición fracasó también en su intento de modificar el artículo 34, según el cual basta para imponer una sanción multimillonaria la información policial. Los grupos contrarios creen que este artículo destruye la presunción de inocencia y obliga al ciudadano a demostrarla.
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