El consorcio no encuentra personal cualificado que quiera trabajar en los poblados gitanos

Un coordinador del Consorcio para el Realojamiento de la Población Marginal, organismo encargado de integrar a los gitanos que viven en chabolas, gana 200.000 pesetas al mes. Por ese dinero, el gerente del organismo, José Luis Gómez, no encuentra a nadie con experiencia para trabajar en el poblado El Cañaveral. El puesto está vacante desde que se fue el antiguo coordinador, hace más de un mes. Y eso que este núcleo es quizá el menos problemático y uno de los pocos donde no existe tráfico de drogas.

Trabajar con los gitanos es muy sacrificado porque no se logran resultados a corto ni a m...

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte

Un coordinador del Consorcio para el Realojamiento de la Población Marginal, organismo encargado de integrar a los gitanos que viven en chabolas, gana 200.000 pesetas al mes. Por ese dinero, el gerente del organismo, José Luis Gómez, no encuentra a nadie con experiencia para trabajar en el poblado El Cañaveral. El puesto está vacante desde que se fue el antiguo coordinador, hace más de un mes. Y eso que este núcleo es quizá el menos problemático y uno de los pocos donde no existe tráfico de drogas.

Trabajar con los gitanos es muy sacrificado porque no se logran resultados a corto ni a medio plazo. Por eso, según el gerente, es tan difícil encontrar alguien con experiencia que coordine a unos trabajadores que conviven con los gitanos ocho horas diarias en los poblados de chabolas. "La gente se quema pronto", dice. Así, después de despedir a dos coordinadores en el núcleo de La Celsa y de que el responsable de El Cañaveral se marchara, Gómez se ha visto en un verdadero aprieto.Hace dos años se crearon en el Consorcio unos equipos de trabajo que tenían como misión preparar el realojamiento de los gitanos a pie de obra, es decir, en los poblados donde ellos vivieron. Los equipos se llamaban Unidades de Trabajo Social, y fijaron sus oficinas en casas prefabricadas instaladas entre las 2.000 chabolas de la capital.

Pasado el tiempo, el esfuerzo que tuvieron que desempeñar los jefes de estas unidades empieza a pasar factura. Por distintas razones, cinco de los coordinadores iniciales han optado por otro trabajo. "Es difícil que ganes en otro sitio más que aquí", dice Gómez. Pero el caso es que se fueron -a alguno lo echaron por incompatibilidad laboral- y el gerente del Consorcio ha sufrido para contratar gente cualificada.

Aun así, los responsables del Consorcio, que es un organismo dependiente de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid, esperan que la búsqueda del coordinador para El Cañaveral no sea tan difícil como lo fue en los poblados de San Fermín y La Celsa, donde con más droga se trafica.

En La Celsa, el problema surgió cuando Gómez decidió no renovarles el contrato a dos trabajadores. "Pensaban nada más que en actividades culturales, programas contra la droga y excursiones de niño. Todo eso está muy bien, pero el traslado de las chabolas hacia las casas llega dentro de tres meses y hay que organizarlo. Ellos pasaban totalmente de este problema".

Los coordinadores también se sienten desmoralizados por otra cuestión: los realojamientos se deciden entre el Ayuntamiento y la Comunidad, con lo que la decisión de dónde vivirán en el futuro los gitanos no deja de tener un cariz político.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
SIGUE LEYENDO

Los técnicos sociales creen que las decisiones deben ir de abajo hacia arriba, y no al contrario. Es decir, que ante un problema como el de los nicanores de Villaverde, cuando se opusieron a que los gitanos fueran sus vecinos, la opinión de unos y otros debió de constar desde el primer momento junto a la de los técnicos que trabajan con los gitanos.

Promesas incumplidas

Gabriel Martínez, coordinador de la UTS del Cerro Mica y presidente del comité de empresa del Consorcio, cree que las vacantes van cubriéndose, "pero los buenos profesionales no se encuentran rápido", informa

Martínez dice que en muchas ocasiones son los coordinadores quienes han de dar la cara ante las promesas incumplidas. "En el día a día, hay que mantener la confianza adquirida, que se tambalea cada vez que se incumplen los planes de realojamiento. La gente del Poblado ve que la vivienda prometida no llega y nos pregunta, pero la mayoría de las veces tenemos que decirles que no sabemos nada, o, lo que es peor, explicarles que hay vecinos contrarios al traslado".

"Su peso en oro"

El consorcio dispone de 96 empleados, que en su mayoría son psicólogos, sociólogos y asistentes sociales. Entre ellos hay 11 coordinadores, distribuidos por 11 poblados de chabolas. Para el gerente del consorcio, José Luis Gómez, todos ellos "valen su peso en oro"."Meterse todos los días en sitios como La Celsa o Los Focos, infectado de yonquis y atracadores, no está pagado con ningún sueldo", añade Gómez. "Es muy dificil encontrar alguien con experiencia, máxime cuando estos equipos empezaron a funcionar hace un año. Y en las asociaciones gitanas tampoco encuentra uno gente cualificada de confianza".

Las 11 unidades de trabajo social afincadas en los poblados chabolistas han servido a las autoridades regionales y municipales para ejercer un mayor control sobre las 2.000 familias chabolistas de la Comunidad.

Este control se puso de manifiesto a la hora de conceder el Ingreso Madrileño de Integración (IMI), o salario social. La voz de los trabajadores sociales fue decisiva entonces a la hora de concedérselo a las familias chabolistas, ya que algunas de ellas trafican con droga.

Sobre la firma

Archivado En