La necesidad urgente de una reforma sanitaria

La sanidad española está enferma. En una encuesta reciente sobre el grado de satisfacción o insatisfacción de las poblaciones canadiense, holandesa, francesa, australiana, sueca, japonesa, británica, italiana y estadounidense, sólo los estadounidenses e italianos estaban más insatisfechos con su sistema sanitario que los españoles. Los españoles desean una reforma profunda de su sistema sanitario.Recientemente la comisión Abril Martorell establecida a fin de analizar la situación de la sanidad. española, hizo una serie de recomendaciones que en su mayor parte representaban los puntos de...

La sanidad española está enferma. En una encuesta reciente sobre el grado de satisfacción o insatisfacción de las poblaciones canadiense, holandesa, francesa, australiana, sueca, japonesa, británica, italiana y estadounidense, sólo los estadounidenses e italianos estaban más insatisfechos con su sistema sanitario que los españoles. Los españoles desean una reforma profunda de su sistema sanitario.Recientemente la comisión Abril Martorell establecida a fin de analizar la situación de la sanidad. española, hizo una serie de recomendaciones que en su mayor parte representaban los puntos de vista de los miembros de la comisión. Éstos se apoyaron en teoría, aunque no siempre en la práctica, en los trabajos de las subcomisiones de expertos. Sin embargo, la comisión no hizo un balance equilibrado de la evidencia científica existente en la bibliografía internacional. La comisión reproduce las posturas neoliberales de sus miembros e ignora la gran cantidad de evidencia científica. que cuestiona los supuestos que guían sus recomendaciones. Por ejemplo, la comisión interpreta que el gran gasto en farmacia de la sanidad española (uno de los más altos hoy en Europa) se debe, en buena medida, a la gran demanda de fármacos por parte de la población. Esta conclusión presupone que en el sector sanitario el paciente es quien determina la oferta, un supuesto que la experiencia internacional y nacional muestra ser errónea. Quien escoge el tipo de tratamiento, el tipo de fármaco y, en definitiva, el consumo del paciente, es el médico. Sin embargo, este: médico está sometido a un bombardeo publicitario constante por parte de la industria farmacéutica, que financia a la gran mayoría de las revistas médicas en España, las cuales controlan en su mayor parte la información que los médicos reciben. También este mismo médico está trabajando en unas condiciones masificadas que facilitan el consumo indiscriminado de fármacos.

EI excesivo gasto farmacéutico se explica, por tanto, no por el deseo de consumir más fármacos por parte del paciente, sino por el enorme poder que la industria farmacéutica tiene sobre la oferta. La comisión, sin embargo, intenta disminuir la demanda penalizando al paciente haciéndole pagar más, evitando, en cambio, enfrentarse a los poderosos intereses creados en la sanidad española, entre los cuales se halla la industria farmacéutica. La comisión ignora experiencias bien documentadas en la literatura científica, que podrían tener un impacto mucho mayor en la reducción del gasto farmacéutico en comparación con el sistema de copago por parte del paciente, tales como la utilización por parte del Sistema Nacional de Salud (SNS) de productos farmacéuticos genéricos en lugar de comerciales y eliminación en el formulario de los productos de eficacia poco probada.

La industria farmacéutica -que cuenta con un enorme poder político- se ha opuesto por todos los medios a la introducción de productos genéricos y a la eliminación del formulario público de los productos de dudosa eficacia porque mermarían considerablemente unos beneficios económicos que se sitúan entre los más altos dentro de la economía española. La comisión también intenta disminuir la demanda de servicios sanitarios, penalizando a la población al exigirle el pago de un ticket moderador, cuando en realidad las estadísticas internacionales muestran que la utilización de servicios sanitarios es menor en España que en la mayoría de países del resto de Europa. El número de visitas al médico general y al especialista por habitante y año es de 4,2 en España, comparado con 10,8 en Alemania, 7,8 en Francia, 7,4 en Bélgica, 6,5 en Irlanda, 5,2 en Holanda y 5,2 en el Reino Unido. El número de admisiones hospitalarias por 160 habitantes es casi la mitad que el de la mayoría de países europeos. El incremento en el pago por parte de la población disminuirá todavía más este consumo, afectando sobre todo a las poblaciones vulnerables como ancianos, enfermos crónicos e incapacitados.

El justo rechazo de la filosofía neoliberal que guía ésta y otras recomendaciones de la comisión Abril Martorell no debe leerse como la oposición popular a una necesaria reforma sanitaria que el pueblo español está pidiendo.

El enorme peligro que actualmente existe en España es que el lógico rechazo al informe Abril Martorell -la gran mayoría del pueblo español no es neoliberal- paralice dicha reforma. No debe, pues, identificarse la comisión Martorell con la reforma, sino solamente con una versión de la reforma sanitaria que reproduce una posición política hoy día minoritaria. Los representantes políticos del pueblo español deberían concienciarse de la gran insatisfacción del pueblo ante la sanidad española liderando una profunda reforma, de su sistema sanitario. En la encuesta citada anteriormente, la gran mayoría del pueblo español manifiesta desear no sólo una reforma profunda en el sector sanitario, sino un gasto sanitario público mayor. Para la población española, ningún otro gasto público es más prioritario que el gasto sanitario.

Cambios profundos

Una reforma sanitaria profunda que tuviera como objetivo principal el atender a las necesidades del usuario debería incluir:

a) El establecimiento de empresas públicas (`public holdings') a nivel estatal, autonómico, regional e institucional (como hospitales).

b) La dedicación exclusiva, incompatible con la privada, de todo el personal sanitario, incluyendo los médicos yJefes de servicio hospitalarios. Aunque la mayoría de los médicos hospitalarios se hallan en tal tipo de dedicación, éste no es el caso de muchos de los jefes de servicio; es decir, quienes marcan la pauta de productividad en el sector. El hecho de que gran parte de los hospitales públicos o casi públicos estén infrautilizados (con pleno funcionamiento por las mañanas y escaso por las tardes) se debe en parte a que los jefes de servicio están atendiendo a la privada. De esta forma, ésta se beneficia de la subutilización de la medicina pública. Así, por ejemplo, al mismo paciente que debe ser intervenido quirúrgicamente, a quien se le dice que debe esperar un año en el sector público, se le dice que puede operarse mucho antes si lo hace en la privada, y además por el mismo médico. La existencia de largas listas de espera es una de las mayores causas de insatisfacción de la población hacia la sanidad pública. El incremento de la productividad del sector público requiere, entre otros factores, la exclusividad profesional por parte de todo el personal sanitario público, incluyendo a los jefes de servicio.

c) Potenciar el sector sanitario público, incrementando sus recursos. El gasto per cápita en el sector privado es superior al gasto existente en el sector público. La recomendación de la comisión Abril Martorell de ampliar los conciertos con el sector privado, podría acentuar la diferencia de consumo entre el sector público y el privado, empobreciendo todavía más al sector público. Lo que se precisa es justo lo contrario. Potenciar más el sector público con un mayor aumento del gasto gubernamental yendo a este sector. España tiene un gasto sanitario público muy por debajo del que le corresponde a su nivel de desarrollo. España, en 1987, gastó en el sector sanitario público sólo el 4,3% del PIB, comparado con el 5,3% en el Reino Unido, el 6,7% en Francia, el 6,3% en Alemania, el 5,4% en Italia y el 8,4% en Suecia. Igual pobreza de recursos aparece en el área de recursos humanos. El número de personal sanitario por cama en España, por ejemplo, es sólo de 1,58 por cama hospitalaria, muy por debajo de otros países de la OCDE. En comparación, EE UU tiene 2,7 trabajadores sanitarios por cama; Canada, 2,31; Reino Unido y Dinamarca, 2,30; Nueva Zelanda, 2,89, etcétera. Esta escasez de recursos, junto con las razones enunciadas anteriormente, explican la menor eficacia del sistema sanitario español comparado con otros sistemas. Por ejemplo, el tiempo promedio de estancia de una operación de cataratas en España es de 9,32 días comparado con sólo 1,7 días en EE UU, y 3 días en el Reino Unido.

Otra consecuencia del bajo gasto sanitario público es la escasa sensibilidad del sistema respecto al usuario. El 55% de visitas al médico tienen una duración inferior a los 10 minutos, un tiempo a todas luces insuficiente para visitar a un paciente. Menor grado de insatisfacción existe en la atención hospitalaria en la que las causas más frecuentes de quejas son la comida, el número de pacientes compartiendo habitaciones y las condiciones de deterioro de los edificios.

La comisión Abril Martorell justifica este bajo gasto sanitario indicando que el nivel del gasto sanitario depende del nivel de desarrollo económico del país. Este punto de vista asume que la causa del bajo gasto sanitario en España, así como el de Grecia y Portugal, se debe a su menor nivel de desarrollo. La comisión ignora que el bajo gasto sanitario es causa más que consecuencia del menor desarrollo económico de estos países entre los que se incluye España. Estos países sufrieron regímenes totalitarios ultra conservadores de carácter represivo contra las clases trabajadoras y las clases populares. Todos ellos se caracterizaron por tener Estados represivos fuertes y Estados socia les o de bienestar débiles. Los gas tos de educación, sanidad, transporte y otras infraestructuras fue ron muy bajos impidiendo y obstaculizando su desarrollo social y económico. No hay que olvidar que poseer un Estado de bienestar es una inversión, además de un consumo. Aunque esta situación se está corrigiendo desde el establecimiento de la democracia, España todavía está muy por detrás de otros países en el desarrollo del Estado de bienestar, una situación que, al contrario de lo que mantienen las tesis neoliberales, está dificultando en lugar de favoreciendo el desarrollo económico de España.