Los funcionarios y la política

Cuando la política de un país se burocratiza, es decir, se deja en manos; de los burócratas, se puede afirmar que, a partir de ese instante, el noble oficio de hacer política ha empezado su decadencia.En España, tradicionalmente, la política ha estado dominada por los burócratas, que, no conformes con controlar las áreas administrativas, han logrado apoderarse de las demás, expandiendo su influencia por los diversos ámbitos del Estado. Así ha sucedido entre nosotros en el régimen anterior, en virtud de esa singular institución que Amando de Miguel denominó en uno de sus libros como el fúnciona...

Cuando la política de un país se burocratiza, es decir, se deja en manos; de los burócratas, se puede afirmar que, a partir de ese instante, el noble oficio de hacer política ha empezado su decadencia.En España, tradicionalmente, la política ha estado dominada por los burócratas, que, no conformes con controlar las áreas administrativas, han logrado apoderarse de las demás, expandiendo su influencia por los diversos ámbitos del Estado. Así ha sucedido entre nosotros en el régimen anterior, en virtud de esa singular institución que Amando de Miguel denominó en uno de sus libros como el fúncionariato", consistente en que los altos cuerpos de la Administración patrimonializaron Gobierno, Cortes, ministerios, organismos autónomos, empresas públicas, etcétera. Y así sucede ahora, ya que los burócratas siguen incrustados en todos los esquemas básicos del Estado; y, desde el reducto cada vez más corporativizado de los partidos, emplean sus más eficaces armas para conseguir los objetivos que, en cada circunstancia, les convienen.

A la burocratización de la política española han contribuido, intencionadamente, algunas leyes que priman al funcionario que decide dar el salto desde su destino administrativo a las experiencias más ambiciosas y halagadoras de la política. Simplificando el proceso legislativo, aparece en primer término la ley de medidas de 1984, que, con una generosidad tan sorprendente como injustificada, reguló la situación de los servicios especiales para los funcionarios que pasan a desempeñar puestos de significación o contenido político. Prueba de ello es que, según su artículo 29.2, aquéllos tendrán derecho, entre otras cosas, a la percepción de los trienios que pudieran tener reconocidos, en una atrevida confusión entre lo político y lo administrativo. No hace falta recordar que la ley de medidas fue hecha por y para funcionarios, los cuales, por aquel entonces de 1984, se cuidaron muy mucho de abrir caminos anchos y despejados para desplazarse al área política y regresar de ella cuando les interesara.

El siguiente paso en este propósito de los burócratas convertidos en políticos para garantizarse un futuro lo más favorable posible lo encontramos en el artículo 33.2 de la ley de presupuestos para 1991, conforme al cual los funcionarios de carrera que durante más de dos años seguidos o de tres con interrupción desempeñen o hayan desempeñado, a partir del 5 de julio de 1977, puestos de altos cargos percibirán desde su reincorporación al servicio activo el complemento de destino correspondiente a su grado personal incrementado en la cantidad necesaria para igualarlo al valor del complemento de destino que anualmente se fije para los directores generales.

Profesionalización

La argumentación que en su momento se dio para justificar este insólito complemento, que algún autor ha calificado como "suprafuncionarial", fue la de que con su implantación se buscaba profesionalizar los niveles directivos de nuestra Administración. No es así, porque esta profesionalización, de la que tanto se habla y sobre la que tan poco se hace, no se conseguirá por la vía de inventar retribuciones anómalas, sino por otras más congruentes, como, por ejemplo, decidiendo que los peldaños más altos de la Administración pública se conviertan en los tramos finales y necesarios de la carrera administrativa.Ahora que, una vez más, se habla con urgencia de una ley del Gobierno es urgente que, por medio de ella, se delimiten hasta donde sea posible los campos político y administrativo, poniendo fin a un estado de cosas en el que lo funcionarial se politiza hasta lírnites increíbles, y lo político amenaza con funcionarizarse y burocratizarse vertiginosamente. Si un funcionario siente la tentación de dedicarse a la política, hace muy bien en marcharse a la Administración, y nadie puede impedírselo; pero no debe reclamar para sí una situación privilegiada ni acumular ventajas en su posición funcionarial. ¿O es qué el empresario o el industrial o el banquero o el trabajador que se dedica a la política goza de igual proteccionismo que el funcionario?

Nunca ha sido bueno para el país que los funcionarios se aprovechen de su régimen legal para hacer su carrera política. El resultado es negativo inexorablemente. Gracias a su poder, los temas que les afectan gozan de prioridad en el Gobierno y el Parlamento, siendo tratados con antelación a otros, quizá mucho más importantes, que preocupan a la generalidad de los ciudadanos. Además carecen de impulso creativo y suelen tener una visión legalista y plana de los problemas. Pero, por encima de estos defectos peculiares del burócrata transformado en político, lo más grave es que sigamos disponiendo de una legislación que permite e incluso incentiva el acceso de los servidores públicos a la arena política con todo lo que esta permisión conlleva de tolerancia, indefinición y desigualdad con otros sectores.

Nuestra vida política está burocratizada en exceso, porque los funcionarios transitan libremente hacia ella; y, además, como dice Thierry Pfister refiriéndose a los funcionarios franceses, tienen asegurado el billete de vuelta cuando quieran reintegrarse a la Administración. Precisamente lo que hace falta en España es que la actividad política ni se burocratice, ni se funcionarice, ni se rutinice, como sucede ahora. Por eso, debiera actualizarse la normativa vigente reformando en profundidad la situación de servicios especiales, de tal manera que el funcionario que sienta la vocación política la siga, con la condición de renunciar a los privilegios que ahora tiene, suspendiendo su vinculación con la Administración.

En nuestro tiempo, no es defendible la normativa descrita, que se fundamenta en la concepción según la cual la Administración y la función pública están llamadas a ser el principal vivero de hombres públicos y gobernantes que la sociedad demanda para dirigirla. Unos y otros, por el contrario, han de tener su origen en los sistemas democráticos, no en las plantillas ministeriales, sino en los partidos.

En consecuencia, para clarificar el panorama actual, pensando en la necesidad de contar con una Administración sólidamente constituida y definitivamente profesionalizada, habría que rectificar las leyes en una doble y simultánea dirección. De un lado, los cargos de director general, subsecretario y asimilados deberían ser desprovistos de su actual naturaleza política para pasar a integrarse en la carrera administrativa; y a los que habrían de acceder los candidatos mejor preparados en el orden técnico y profesional. Y de otro, como complemento de lo anterior, los funcionarios que apuesten por la carrera política verán congeladas sus relaciones con la Administración y perderán la ventajosa situación que hoy disfrutan. Ambas medidas, sabiamente sincronizadas, contribuirían a fortalecer el aparato del Estado proporcionándole consistencia y estabilidad frente a los cambios provocados por las alternancias de los partidos en el poder; y, asimismo, oxigenarían la vida política española, sacándola del aburrimiento y el marasmo en que está inmersa.