El Gobierno aprueba el contrato con Telefónica
El Gobierno aumentará su control sobre la compañía Telefónica de España tras la promulgación del nuevo contrato con el Estado que aprobó ayer el Consejo de Ministros. El Ejecutivo, según ese contrato, tendrá derecho de contar hasta con cinco consejeros además de los que estatutariamente le corresponde por su participación en el capital (alrededor del 35%).El mencionado contrato, que sustituye al que está en vigor desde 1946, tendrá una duración de 30 años perdiendo el carácter de ley que poseía el anterior. El contrato queda sujeto a la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones (LOT) y Telef...
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El Gobierno aumentará su control sobre la compañía Telefónica de España tras la promulgación del nuevo contrato con el Estado que aprobó ayer el Consejo de Ministros. El Ejecutivo, según ese contrato, tendrá derecho de contar hasta con cinco consejeros además de los que estatutariamente le corresponde por su participación en el capital (alrededor del 35%).El mencionado contrato, que sustituye al que está en vigor desde 1946, tendrá una duración de 30 años perdiendo el carácter de ley que poseía el anterior. El contrato queda sujeto a la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones (LOT) y Telefónica tendrá la gestión, en régimen de exclusividad, de los servicios finales de telecomunicaciones. Entre estos servicios destacan la telefonía básica, la telefonía móvil y la marítima, el telefax, el videotexto y el teletexto.
De cualquier forma, la prestación de estos servicios perderá su consideración de monopolio, excepto para el servicio telefónico básico y el alquiler de circuitos, salvo en la transmisión de imágenes.
Campsa
Asimismo, el gabinete, autorizó la promulgación de un real decreto-ley en el que se contempla la segregación de Campsa, una nueva reducción de distancias y la desmonopolización del fuel y de los gases licuados del petróleo (GLP), entre los que sobresalen el butano y el propano, además de otros puntos.
Ello supone, que las empresas accionistas de Campsa podrán quedarse con los activos comerciales (principalmente, gasolineras), mientras en Campsa quedarán los de distribución (oledoductos, flotas...). Lo más destacado de la reducción de distancias es que en las ciudades de más de 25.000 habitantes quedan suprimidas.