Los jueces de Madrid prefieren que los 'yonquis' cumplan condena en centros de rehabilitación

La negativa de un juez a excarcelar legalmente a un toxicómano que estaba rehabilitándose en El Patriarca ha desatado un debate entre jueces madrileños sobre la conveniencia de que los presos drogadictos purguen sus penas en centros especializados de desintoxicación. Aunque casi todos los magistrados son partidarios de la rehabilitación del drogodependiente fuera de la cárcel, los hay reacios a autorizarlo. Esgrimen, por un lado, que faltan centros públicos capacitados para cumplir esa labor, y por otro, que algunos de los privados, entre ellos El Patriarca, no les tienen informados del proces...

La negativa de un juez a excarcelar legalmente a un toxicómano que estaba rehabilitándose en El Patriarca ha desatado un debate entre jueces madrileños sobre la conveniencia de que los presos drogadictos purguen sus penas en centros especializados de desintoxicación. Aunque casi todos los magistrados son partidarios de la rehabilitación del drogodependiente fuera de la cárcel, los hay reacios a autorizarlo. Esgrimen, por un lado, que faltan centros públicos capacitados para cumplir esa labor, y por otro, que algunos de los privados, entre ellos El Patriarca, no les tienen informados del proceso terapéutico.

La notable deficiencia de centros públicos es una realidad. El tratamiento ambulatorio en alguno de los siete centros de atención al drogodependiente (CAD) aparece como una de las pocas alternativas que ofrece la Administración a los jueces. Además, casi todos los CAD, propiedad del Ayuntamiento, están saturados de toxicómanos. Dos de ellos -el que atiende las demarcaciones de Puente Vallecas, Vallecas Villa y Hortaleza, y el de San Blas, Vicálvaro, Ciudad Lineal y Barajas- tienen lista de espera de un mes. El 30 septiembre pasado, 173 toxicómanos estaban pendientes de tratamiento en ambos CAD, según reconocen fuentes del Plan Municipal contra la Droga.La titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Madrid, Manuela Carmena, tuvo que facilitar hace dos semanas un permiso especial a un preso drogadicto -enfermo de sida- porque el juez que lo había condenado por un robo se negaba a excarcelarlo. Este juez argüía que la granja en la que éste intentaba desintoxicarse, El Patriarca, no le ofrecía "suficientes garantías", según la justificación que ofrecieron fuentes de su entorno.

Otras fuentes judiciales comparten la decisión del juez que prohibió la excarcelación del toxicómano. "Si hubiese sido en otro sitio, por ejemplo, en Proyecto Hombre, lo habría autorizado, sin duda; así lo ha hecho en otros muchos casos...". "Hay comunidades terapéuticas", agregan, "que informan regularmente al juez, pero El Patriarca no sólo no lo hace, al menos últimamente, sino que además traslada a internos a granjas del extranjero sin avisar".

Fuentes de El Patriarca han reconocido que, desde hace algo más de un mes, desde que se marchó la persona que verificaba los informes judiciales, se ha producido una acumulación de trabajo, lo que ha podido provocar una desconexión temporal entre la organización y los jueces. "Aunque lo normal", señalan, "es que siempre enviemos los informes que nos piden los jueces". Estas fuentes reconocen que hay internos que acuden a El Patriarca, más que con una voluntad clara de rehabilitarse, para eludir la cárcel."

"El mal mayor"

El titular del Juzgado de lo Penal número 14 de Madrid, José Antonio Alonso, aun sopesando la deficiente información que ofrecen algunas instituciones privadas, es partidario, "como mal menor", -subraya, del internamiento del drogodependiente en un centro especializado; "el mal mayor es siempre la cárcel", apostilla.

José Manuel Fernández Prieto, responsable del Juzgado de lo Penal número 1, también es partidario de la excarcelación, prevista, dice, en el ordenamiento jurídico, "pero siempre y cuando exista un control". Dadas las deficiencias que presenta el sistema, Fernández-Prieto "es reacio", argumenta, a utilizar tales instrumentos, aunque los aplica si están justificados.

El juzgado de Manuela Carmena dispone de un equipo psico-social encargado de examinar la situación del drogadicto y, en su caso, elevarla al juez para que dictamine. Este equipo suele trabajar con los CAD y con diversas comunidades terapéuticas.

"En todas las cárceles existen equipos a los que el toxicómano puede expresar su intención de dejar la droga. Si se le deniega la excarcelación, puede recurrir al juzgado de vigilancia", aclara Isabel Casado, coordinadora del citado equipo. "Siempre que el interno tenga voluntad manifiesta de rehabilitarse, y lo demuestre, se le concede autorización".

"Es la única respuesta útil", opina José Luis Calvo Cabello, magistrado titular del Juzgado de lo Penal número 4 de Madrid. Él es "absolutamente partidario" del internamiento del drogadicto en centros especializados.

Carlos Ollero, titular del Juzgado de lo Penal número 10, explica: "Lo ideal sería que las cárceles tuvieran medios suficientes para ocuparse del tra,tamiento de estos internos". Ollero también es partidario de la rehabilitación fuera de la cárcel, aunque sostiene que el juez, antes de autorizar una excarcelación, debe cerciorarse "de la naturaleza de la institución a la que pretende ir el interno, su titularidad y forma de proceder".

Carmen Neira, titular del Juzgado de lo Penal número 20, entiende que el toxicómano ,les un enfermo", al que ampara el Código Penal (artículos 8 y 9) para que pueda cumplir una eventual condena, si no es reincidente, en un centro de desintoxicación. Neira, como también hacen casi todos los jueces madrileños, suele consultar con el Servicio Interdisciplinar de Atención a Drogodependientes (SIAD) antes de adoptar una decisión.

La posibilidad de recuperación del preso es muy aleatoria, opinan fuentes judiciales.

Aparte de los CAD, en Madrid sólo hay dos granjas terapéuticas públicas: una'de la Comunidad, dotada con 22 plazas, en Villaviciosa de Odón, y otra del Ayuntamiento, con 45 plazas.

El Ayuntamiento dispone también de otras 90 plazas en centros privados. Esa cantidad, a la que hay que unir las 1.700 plazas que suman los siete CAD de Madrid, es insuficiente si se tiene en cuenta que un 25,6% de los invididuos drogadictos que pasa por los calabozos de la: plaza de Cástilla expresa al SIAD el deseo de dejar la droga, según revela su coordinadora, Alicia Gañán.