La mayoría de la oposición pide que se aplace el impuesto sobre actividades económicas

Prácticamente todos los grupos de la oposición, con la excepción de Izquierda Unida, pidieron ayer en el Congreso un aplazamiento de un año en la entrada en vigor de] impuesto sobre actividades económicas (IAE). El PSOE, por su parte, mantiene que el nuevo impuesto local, que afectará a 2,5 millones de empresarios y profesionales, debe entrar en vigor el 1 de enero de 1992. También el secretario de Estado de Hacienda, Antonio Zabalza, descartó el aplazamiento, durante una entrevista con el presidente de la CEOE, José María Cuevas.

, El debate sobre un posible aplazamiento de la entr...

Prácticamente todos los grupos de la oposición, con la excepción de Izquierda Unida, pidieron ayer en el Congreso un aplazamiento de un año en la entrada en vigor de] impuesto sobre actividades económicas (IAE). El PSOE, por su parte, mantiene que el nuevo impuesto local, que afectará a 2,5 millones de empresarios y profesionales, debe entrar en vigor el 1 de enero de 1992. También el secretario de Estado de Hacienda, Antonio Zabalza, descartó el aplazamiento, durante una entrevista con el presidente de la CEOE, José María Cuevas.

, El debate sobre un posible aplazamiento de la entrada en vigor del nuevo impuesto local sobre actividades económicas llegó ayer al Congreso, con motivo de la discusión de las enmiendas a la Ley de Presupuestos del Estado para 1992. Todos los grupos de la oposición, salvo Izquierda Unida, pidieron ayer que sé posponga a 1993 de la entrada en vigor de este nuevo impuesto que tiene como destino las arcas municipales. Días antes, diferentes sectores empresariales (CEOE y Cámaras de Comercio), habían insistido en esta idea.De conseguirse el aplazamiento, sería la segunda vez que se prorrogaría el IAE (su entrada en vigor estaba prevista el 1 de enero de 1992) y sería también la segunda vez que el Gobierno se ve obligado a dar marcha atrás en la puesta en marcha de un proyecto fiscal de amplio alcance, como ocurrió con el denominado catastrazo.

Sin embargo ayer, el secretario de Estado de Hacienda, Antonio Zabalza, descartó. aplazar la entrada en vigor del impuesto, durante una entrevista mantenida con el presidente de la CEOE José María Cuevas.

El IAE, pues, se empezará a aplicar a partir del 1 de enero de 1992, en sustitución de las licencias fiscales y el impuesto de radicación. En estos momentos y hasta el 13 de diciembre próximo, se encuentra abierto el plazo para darse de alta en el censo del IAE, donde deberían inscribirse 2,5 millones de empresarios y profesionales.

El problema es que, hasta la fecha, tanto el secretario general de Hacienda, Jaime Gaiteiro, como organizaciones empresariales y de profesionales consultadas coinciden en señalar que "el número de altas es muy pequeño". La razón principal es que los afectados por este impuesto no sabrán hasta la segunda mitad del ano próximo cuánto pagarán por él.

Un amplio abanico

Hoy por hoy, ni los Ayuntamientos ni Hacienda se atreven a determinar exactamente el impacto en la presión fiscal que supondrá el nuevo impuesto. La CEOE, por su parte, ha denunciado que el IAE puede llegar hasta triplicar el esfuerzo fiscal de empresarios y profesionales respecto de los impuestos sustituidos.

La mecánica del impuesto permite un amplio abanico de posibilidades, lo que hace muy difícil la comparación. En general, el impuesto grava el ejercicio de una actividad económica sobre la base del beneficio medio que se le ha supuesto a cada sector. Ello se concreta en dos tipos de tarifas, según se trate de una actividad industrial o de otro tipo de negocio.

Así, para las actividades industriales las tarifas se basan en la potencia instalada y el número de trabajadores. Para el resto de los negocios, varía. Por ejemplo, si se trata de un espectáculo, la tarifa tiene en cuenta el aforo de la sala o si es una sociedad inmobiliaria, el metro cuadrado vendido.

Uno de los elementos de incertidumbre es que hay sectores que todavía no tienen fijadas por ley sus tarifas. En el proyecto de ley de Presupuestos para 1992, que estos días se debate en el Congreso, se modificarán las tarifas anteriormente aprobadas para sectores como el de los bares o el de las promociones inmobiliarias. La razón es que estaban mal calculadas las tarifas.

Además de las tarifas, se aplica otro gravamen en relación a la superficie del negocio. La suma de ambos -tarifas y superficie- constituye la cuota mínima a pagar y sobre ella, los ayuntamientos pueden aplicar dos coeficientes multiplicadores. El primero grava más según. el número de habitantes del municipio -pueden mantener la cuota mínima o multiplicarla hasta por dos veces-; y el segundo tiene en cuenta la calle donde está instalado y puede suponer desde rebajar la cuota mínima a la mitad o multiplicarla hasta por dos veces.

Una de las razones que alegan los que piden un aplaza miento del impuesto es que los ayuntamientos no tienen obli gación de dar a conocer su decisión sobre los coeficienetes hasta el 31 de junio del año que viene. Es decir, que los empresarios y profesionales tienen de plazo hasta el 13 de diciembre próximo para inscribirse en el censo y tendrán que hacerlo a ciegas, es decir, sin saber exactamente lo que van a pagar.

Aunque la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) no ha dado instrucciones oficiales a los ayuntamientos.sobre si han de agotar o no sus posibilidades recaudatorias, todo parece indicar que las corporaciones locales intentarán tocar el techo máximo para obtener mayores recursos. Esta sería una de las razones por las que los Ayuntamientos no están por la labor de aplazar un impuesto que les da un amplio margen de maniobra recaudatoria.

Por otra parte, ayer el Congreso dio el visto bueno a una enmienda que pretende impedir nuevas regularizaciones fiscales pese al rechazo del PP, el PNV y CiU. La enmienda fue apoyada por el PSOE, Izquierda Unida, CDS y parte del grupo mixto, con 180 votos a favor frente a los 99 en contra.