Tribuna

Mirando al futuro

Los abogados del Colegio de Madrid, reunidos en torno a mi candidatura, conscientes del valor emblemático de esta corporación, que aglutina a un tercio de todos los letrados de España, queremos romper la inercia perniciosa que ha hecho que durante los dos últimos años esa voz se haya mostrado especialmente afónica.Es preciso llevar a término el compromiso real adquirido en las últimas elecciones de realizar después de dos años una transición sin rupturas cuya necesidad es indiscutible y que ya fue votada masivamente. La congregación, que hace 400 años dio origen al Colegio de Abogados de Madri...

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Los abogados del Colegio de Madrid, reunidos en torno a mi candidatura, conscientes del valor emblemático de esta corporación, que aglutina a un tercio de todos los letrados de España, queremos romper la inercia perniciosa que ha hecho que durante los dos últimos años esa voz se haya mostrado especialmente afónica.Es preciso llevar a término el compromiso real adquirido en las últimas elecciones de realizar después de dos años una transición sin rupturas cuya necesidad es indiscutible y que ya fue votada masivamente. La congregación, que hace 400 años dio origen al Colegio de Abogados de Madrid, no es sino un grupo de hombres y mujeres esforzados, que queremos que la justicia sea un espejo de la convivencia y un camino para la solución de los conflictos en una sociedad aceleradamente cambiante.

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La relación entre Administración y administrados carece de un idioma común. El ciudadano está inerme frente al Estado. Y no sólo se encuentra indefenso, sino que no puede comprender el engranaje que utiliza el poder. Ni siquiera conoce las reglas del juego cada vez más complejas. El entendimiento de los textos legales o judiciales se revela muchas veces imposible. Se utilizan expresiones y palabras ininteligibles para el común de los mortales. Y, sin embargo, un Estado de derecho se caracteriza por la eficaz transmisión a los ciudadanos del conocimiento de sus leyes. Sin ella es imposible la exigencia del principio de que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento.

La abogacía tiene un papel cada vez más relevante como instrumento divulgador de la ley. Pero al propio tiempo, como la voz de los que no tienen voz ante el poder. Por esta razón, cualquier régimen autocrático cuida de amordazar a los abogados como medio eficaz de imponerse sobre un pueblo sin defensa. Por este motivo, las constituciones democráticas incorporan con reiteración el derecho de la persona a ser defendido por abogado, tenga o no medios económicos para retribuir sus servicios.

La voz del abogado es garantía del Estado de derecho. Encauza la discusión entre litigantes. Argumenta con disciplina la posición de su defendido. Alza la palabra frente al abuso del poder. Defiende el respeto a los derechos del hombre. Sin independencia no hay defensa. Sin libertad no hay independencia.

Pero esa voz cobra su fuerza mayor si se articula en un concierto

de expresiones. Para hacerla independiente y libre, es necesario que la estructura colegial se acomede a las exigencias de una sociedad democrática. Mientras los estatutos sigan señalando que la mujer podrá ser abogado (artículo 1º) o regulen los tribunales de honor, prohibidos por la Constitución, poca credibilidad puede ofrecer la entidad.

Es preciso que la voluntad mayoritaria pueda ser fácilmente

expresada, regulando el voto por correo. Hay que crear una asamblea de compromisarios, de participación proporcional, como órgano intermedio entre la Junta General, con 30.000 colegiados, y la Junta de Gobierno. La estructura del colegio debe adaptarse al ámbito comunitario, modernizando su organización y servicios.

En suma, el colegio de abogados debe realizar la transición que su historia y su función social demandan. Sólo así podrá ser el "bozero" -como se nos llamaba en el Fuero Juzgo, "porque con boces e con palabras usa de su oficio"que la sociedad requiere. Por eso presento mi candidatura: la "transición" es inaplazable.

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