La fiscalía antidroga se querella contra 35 presuntos narcotraficantes
Andrés Ignacio Cruz Iglesias, Andi, el arrepentido que implicó a ex familiares políticos del presidente argentino, Carlos Menem, en una vasta red de narcotráfico, ha ampliado su testimonio ante la fiscalía antidroga española, cuyo titular es José Aparicio. Con sus nuevas declaraciones dicha institución se ha querellado contra 35 personas -incluido un presunto capo español- que supuestamente integraban esa trama. El arrepentido ha revelado una operación de blanqueo de dinero mediante la compra de vehículos en España.
El titular del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garz...
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Andrés Ignacio Cruz Iglesias, Andi, el arrepentido que implicó a ex familiares políticos del presidente argentino, Carlos Menem, en una vasta red de narcotráfico, ha ampliado su testimonio ante la fiscalía antidroga española, cuyo titular es José Aparicio. Con sus nuevas declaraciones dicha institución se ha querellado contra 35 personas -incluido un presunto capo español- que supuestamente integraban esa trama. El arrepentido ha revelado una operación de blanqueo de dinero mediante la compra de vehículos en España.
El titular del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, que tramita dicha querella, presumiblemente ordenará la búsqueda de los querellados.Andi ha dado 35 nombres de ciudadanos de varias nacionalidades sobre los que la fiscalía se ha querellado en la Audiencia por pertenecer supuestamente a esta red que desde 1982 se dedicaba a transportar de Colombia a EE UU grandes cantidades de cocaína del clan de los Ochoa. Entre ellos están los dos máximos capos de la red, Mario Anello y Ramón Puentes -detenido en Montevideo y pendiente de extradición a España o EE UU-; familiares de este último; tres miembros del clan de los Ochoa, y el español Bernardino Torres, ya detenido.
Entre otras operaciones, Andi describe la introducción en el verano de 1982 de 180 kilos de cocaína en EE UU. Ese mismo verano, la organización transportó desde Cartagena de Indias (Colombia) por barco -el Kattering- una importante cantidad de coca.
En marzo de 1983, la red descargó otro cargamento en Florida, por el que este grupo recibió 2.000 millones de pesetas. En el verano de 1984, se desembarcan 580 kilos de cocaína en Fort Lauder (EE UU).
Andi revela cómo Madrid ha sido escenario de cumbres de los capos de esta red para preparar transportes de droga hacia EE UU. En 1985, se reúnen en un apartamento de la calle Sor Ángela de la Cruz 21, 1º A, Anello, Puentes y Cruz Iglesias. Este informa de la compra de un barco en Tenerife, que parte hacia Panamá con bandera chipriota y el nombre de Water Lily. Una sociedad de Anello adquiere el barco en Panamá y lo llama Orient Star II. Bajo la tapadera de un transporte de frutas, la red desplaza en noviembre de ese año 2.330 kilos de cocaína a California. Andi llevó a su casa en Sorolla (Miami) los 3.700.000 dólares ganados con la operación.
Operaciones bancarias
Cruz Iglesias ha revelado que desde 1982 recibió de la red, para su lavado, 140 millones de dólares, (unos 14.700 millones de pesetas) procedentes del negocio de la droga. La red trasladaba físicamente o mediante operaciones bancarias el dinero a Panamá, cuyo destino era la sucursal del Republic National Bank. Posteriormente, a través de empresas constituidas por un bufete vinculado al grupo se canalizaba el dinero al circuito internacional a través de empresas como Coral Gables Investment, Bridge Investment o Jaron Investment. A través de estas sociedades, según el arrepentido, la organización adquirió vehículos en España y en Alemania y los facturó a Miami. Los destinatarios eran agencias de vehículos propiedad del grupo como Autoworld, European Motor Sports o Brico Motors.Tras la venta de los vehículos, la agencia transfería el dinero a cuentas bancarias en Panamá cuyos titulares eran dichas sociedades. Asimismo, con fines de blanqueo, la red adquiría solares en EE UU que escrituraban por un precio menor al real de la venta. Revendido el solar, el precio se transfería legalmente a la citada sucursal a nombre de sus empresas como Granco Investmento o United Comercial Properties.
La fiscalía entiende que estos hechos constituyen un delito continuado de tráfico de estupefacientes, con los agravantes de que se movilizó una "cantidad de notoria importancia" y de manera organizada.