La acusación del 'caso GAL' pide al Tribunal Supremo que anule el juicio
La acción popular del caso Amedo ha presentado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremos recurso de casación por quebrantamiento de forma contra la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a José Amedo y Michel Domínguez a 108 años y ocho meses de reclusión cada uno. La acción popular ha decidido asumir el riesgo de que Amedo y Domínguez puedan salir en libertad si el Supremo estima su recurso y los policías no son nuevamente juzgados antes del 13 de julio de 1992, fecha límite en que Amedo y Domínguez pueden permanecer en prisión preventiva.En la hipótesis de que el Supre...
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La acción popular del caso Amedo ha presentado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremos recurso de casación por quebrantamiento de forma contra la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a José Amedo y Michel Domínguez a 108 años y ocho meses de reclusión cada uno. La acción popular ha decidido asumir el riesgo de que Amedo y Domínguez puedan salir en libertad si el Supremo estima su recurso y los policías no son nuevamente juzgados antes del 13 de julio de 1992, fecha límite en que Amedo y Domínguez pueden permanecer en prisión preventiva.En la hipótesis de que el Supremo apreciase un quebrantamiento de forma por la denegación de pruebas en el proceso, Amedo y Domínguez quedarían en la misma situación de prisión provisional que tenían antes del juicio, pero con la diferencia de que estarían más cerca del máximo de cuatro años que pueden estar en prisión provisional sin ser juzgados, y que se cumple el 13 de julio del año próximo. El abogado José Luis Galán explicó que la acción popular prefiere asumir el riesgo de que Amedo y Domínguez puedan salir en libertad provisional el año próximo, antes de que queden sin investigar "quiénes están detrás de los GAL".
En previsión de que el recurso ante el Supremo no se celebre antes del 13 dejulio de 1992, la acusación ha propuesto que el trinunal acuerde prolongar la prisión preventiva hasta el límite de la mitad de la pena impuesta a los policías, es decir, hasta los 54 años.