Garantizar el control y la eficacia de las grandes empresas

La crisis radical del comunismo y su reflejo indudable en todo el pensamiento de izquierdas ha provocado en los últimos años ríos de tinta acerca de las ventajas para el incremento del bienestar público de la restauración de un liberalismo a ultranza en el terreno económico, con una sistemática denigración de la intervención del Estado en la economía. Sin embargo, esta nueva moda se enfrenta con dos hechos empíricos: en primer lugar, el fracaso evidente de muchas políticas neoliberales, como está ocurriendo en la Inglaterra posthatcheriana; por otra parte, la intervención del Estado sigue sien...

La crisis radical del comunismo y su reflejo indudable en todo el pensamiento de izquierdas ha provocado en los últimos años ríos de tinta acerca de las ventajas para el incremento del bienestar público de la restauración de un liberalismo a ultranza en el terreno económico, con una sistemática denigración de la intervención del Estado en la economía. Sin embargo, esta nueva moda se enfrenta con dos hechos empíricos: en primer lugar, el fracaso evidente de muchas políticas neoliberales, como está ocurriendo en la Inglaterra posthatcheriana; por otra parte, la intervención del Estado sigue siendo importantísima, por uno u otro camino, en todos los países desarrollados, incluyendo, desde luego, a los Estados Unidos de América y a Japón, que -s e erigen, quizá, en paladines de una economía libre. , Aunque este tema de la intervención estatal en la economía se presta a escribir largos tratados, se pueden hacer algunos comentarios en torno a él para puntualizar muchas de las ideas que actualmente se expresan en toda clase de medios. Quizá nadie con un espíritu progresista cuestiona la responsabilidad del Estado en garantizar unos sistemas de enseñanza y de sanidad eficaces para todos, un desarrollo adecuado de la! obras públicas, una cierta distribución de la renta por vía fiscal y una protección suficiente de los trabajadores. En cambio, cada vez son más los que se esfuerzan en -Subrayar las lamentables consecuencias de la intervención del Estado como propietario de empresas; sin embargo, a menudo, las afirmaciones que se hacen al respecto me parecen sesgadas y poco rigurosas. Son evidentes los graves fracasos en la trayectoria de muchas empresas públicas, pero, frecuentemente, estos fracasos no se han debido a su naturaleza pública, sino a otras razonesdiferentes. Cabe recordar, por ejemplo, que, en el mundo del automóvil, Volkswagen no ha actuad ' o peor que Mercedes, Opel o BMW, ni Renault peor que Peugeot o la antigua Simc'a; en España, ENDESA no lo ha hecho peor que FECSA o Hi drola, ni Celulosas peor que SNIACE. Si nos acordamos, además, de empresas en crisis, mayor fue el desastre de Barrel ros que el de Enasa y peor el de la antigua Babcock & Wilcox que el de otras empresas de construcciones mecánicas del INI.'La Seda'Otra falacia consiste en la afirmación de que la empresa pública enferma pervive con muletas costosas que pagan todos los ciudadanos. La experiencia demuestra que esto ocurre a menudo, pero no más que en el caso de las grandes empresas privadas en crisis, que en su mayoría han sido transferidas al Estado. y constituyen una gran parte del pasivo actual de la empresa pública; el ejemplo presente de La Seda de Barcelona es otra muestra de hasta qué punto no se deja morir alas empresas grandes por razones políticas, pero no precisamente porque sean públicas.Hace ya tiempo que los socíalistas hemos dejado de creeren la panacea de la nacionalización por la nacionalización, habiendo cambiado muchos nuestras ideas al respecto en los últimos 20 años. Ello no excluye, sin embargo, la conveniencia de que el Estado pueda intervenir como empresario en muchos casos concretos. Esto es especialmente cierto en España, donde carecemos de grandes grupos industriales privados. En nuestro país, sin el INI y el INH apenas quedan grupos empresariales coherentes y con perspectivas de desarrollo futuro autónomo. Parece dudoso, incluso, que puedan considerarse como tales algunos grupos industriales bancarios cuya estrategia parece el aprovechamiento a corto plazo de cóyunturas favorables, deshaciéndose de participaciones con futuro.

No quisiera caer en ingenuidades nacionalistas y la presencia de grupos extranjeros en España no sólo es inexorable, sino que puede ser ventajosa; ello no excluye la conveniencia de que existan en el país centros de decisión empresarial y desarrollo tecnológico que sólo el Estado parece poder procurar.

De ahí la conveniencia de que el INI y el INH existan y se desarrollen de forma sana; me parece, al respecto, muy acertada la reciente sugerencia del presidente del INI de deslindar en dicho organismo la parte empresarial heredada del sectorprivado y que'no será viable económicamente en un futuro próximo. Quizá empresas como Hunosa, Figaredo, los Astilleros, Santa Bárbara, Artespaña y alguna otra deberían definitivamente traspasarse a un organismo de empresas en crisis. Esto se ha hecho en Italia hace ya tiempo y es chocante la reacción precipitada de los líderes sindicales ante la propuesta. Quizá vean en ella, sin razón alguna, una liquidación de empresas, cuando se trata tan sólo de una clarificación de cuentas, cóstes y mejoras de gestión, bajo el apoyo del Estado, de operaciones empresariales inviables por sí mismas.'Política incflnada'Pero, ciertamente, las empresas a veces tienen que desapa recer y en ocasiones no lo ha cen por razones extraeconómi cas; en el pasado, la política in dustrial ha consistido a menu do en sostener con subvencio nes y apoyos diversos negocios no competitivos. Sin embargo, los errores cometidos no exclu yen la necesidad de rea ' lizar una política industrial que ahora alguien intenta suprimir incluso del vocabulario. Está de moda, en efecto, criticar la ,formulación de una política in dustrial vertical o sectorializa da, aceptándose por algunos,aunque a regañadientes, la realización de una política industrial horizontal; pero esto no es muy riguroso en ningún país y menos en España. Recientemente, Julio Segura, en una excelente exposición y no sin cierta sorna, ha mantenido que la política industrial tiene que ser un tanto inclinada... Es preciso, por ejemplo, controlar adecuadamente el funcionamiento del sector productor de energía eléctrica, apoyar el progreso tecnológico, fomentar fusiones y crear empresas que de otra forma no llegarían a existir, aprovechando sinergias y facilitando la promoción de industrias nuevas que puedan mejorar la competitividad de un país poco preparado al respecto, como es el caso de España. En resumidas cuentas, conseguir una situación más favorable ante un desarrollo industrial competitivo para el futuro exige la formulación de una política industrial activa que no tiene por qué ser arbitraria ni retrógrada. En este sentido me considero solidario de las afirmaciones que al respecto vienen sosteniendo en los últimos meses el secretario de Estado de Industria, Álvaro Espina, y el ya citado director gerente de la Fundación Empresa Pública, Julio Segura.

A mi juicio, el problema importante no se plantea en el dilema empresa pública-empresa privada, sino, más bien, en cómo garantizar la eficacia y el control exterior del funcionamiento de las grandes empresas cualquiera que sea su titularidad accionarial. Este control está mal resuelto en el mundo y es un tema que queda pendiente para el siglo XXI en todas las sociedades industriales modernas, junto al de la participación de los trabajadores en la gestión, problema complicado, pero que hay que abordar ineludiblemente desde un punto de vista progresista. Juan Manuel Kindelán es presidente de ENRESA.