El Grupo Socialista respalda con sus enmiendas el polemico proyecto de ley de seguridad ciudadana

Las enmiendas introducidas por el Grupo Socialista al proyecto de ley de Protección de la Seguridad Ciudadana suponen un respaldo a las posiciones del Ejecutivo y, según denunció ayer Izquierda Unida (IU), empeoran y endurecen el texto original del Gobierno al permitir que la policía entre en los domicilios durante todo el tiempo de ejecución de un delito continuado. En concreto, la enmienda referida al apartado 2 del artículo 21, sobre la entrada y registro en domicilio por delito flagrante, es considerada por un portavoz de IU un mecanismo para reforzar la autonomía policial.

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Las enmiendas introducidas por el Grupo Socialista al proyecto de ley de Protección de la Seguridad Ciudadana suponen un respaldo a las posiciones del Ejecutivo y, según denunció ayer Izquierda Unida (IU), empeoran y endurecen el texto original del Gobierno al permitir que la policía entre en los domicilios durante todo el tiempo de ejecución de un delito continuado. En concreto, la enmienda referida al apartado 2 del artículo 21, sobre la entrada y registro en domicilio por delito flagrante, es considerada por un portavoz de IU un mecanismo para reforzar la autonomía policial.

El Grupo Socialista presentó ayer 13 enmiendas al controvertido proyecto. La referida al artículo 21, que autoriza a la policía a penetrar y registrar domicilios en caso de conocimiento de delito flagrante en materia de drogas, cuenta con una enmienda socialista según la cual, "a los efectos de la flagrancia, en los casos de delitos cuya acción se prolongue en el tiempo, se entenderá que el delito se está ejecutando mientras dura su comisión".Se trata, en definitiva, de aplicar a la flagrancia el concepto de delito continuado, con lo cual la policía puede actuar frente a un presunto delincuente relacionado con el narcotráfico en cualquier momento de su actividad. Fuentes de IU pusieron como ejemplo que la visita de un narcotraficante a un amigo que ignora sus actividades puede provocar la irrupción policial en el domicilio de esa persona totalmente ajena a las actividades delictivas.

En este mismo apartado 2 del artículo 21, que junto al 20, sobre traslado de ciudadanos a las comisarías a efectos de identificación, es el punto más controvertido del proyecto, la enmienda del PSOE retoca el original. Donde el Gobierno, tras referirse a la entrada en los domicilios "en los casos permitidos por la Constitución y las leyes", decía, "a los efectos de lo dispuesto en el Párrafo anterior será causa legítima (...)", el Grupo Socialista quiere que ahora se remache la idea de la legitimidad de estas actuaciones. La enmienda del PSOE dice: "Será, pues, causa legítima para la entrada y registro en domicilio por delito flagrante el conocimiento por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de que se está cometiendo alguno de los delitos que en materia de drogas...".

El portavoz de IU admitió que la enmienda presentada por los socialistas al artículo 20, referido a la posibilidad de trasladar a la comisaría a ciudadanos que no puedan identificarse en la vía pública, o en cualquier otro lugar, mejora ligeramente el texto original, en el sentido de que se matiza que la identificación ha de hacerse ,,en el curso de la actividad preventiva o indagatoria".

13 enmiendas

El PSOE presentó 13 enmiendas, en una comparecencia ante la prensa del secretario del grupo, José Beviá, sin que ninguno de los portavoces socialistas relacionados con el proyecto se presentara ante los informadores. Previamente, Izquierda Unida criticó con dureza el proyecto en una conferencia de prensa en la que solicitó la supresión total de los artículos 20 y 21. José Luis Núñez, de IU, habló de "escalones de despropósitos" en el texto y aseguró que la ley era innecesaria, ineficaz y atentatoria contra los derechos constitucionales.Por su parte, José Antonio Souto, del CDS, aseguró que el proyecto, lejos de reforzar la seguridad de los ciudadanos, "incrementa los poderes del Ministerio del Interior, invade competencias del poder judicial y lesiona derechos fundamentales de los ciudadanos". El ministro de Justicia, Tomás de la Quadra, rechazó ayer que haya elementos "no constitucionales" en el proyecto.

Otra de las enmiendas establece que las multas por infracciones muy graves oscilará entre cinco millones y una peseta a 100 millones de pesetas.