Manifiesto de intelectuales contra la Ley de Seguridad
Un manifiesto firmado por cerca de 200 intelectuales, artistas, jueces, sindicalistas y políticos, presentado en Madrid el pasado jueves, ha sido el primer paso de una campaña que, bajo el nombre Ciudadanos por las Libertades y coordinada desde la Asociación Pro Derechos Humanos (APDH), tratará de movilizar a la sociedad "ante la amenaza que el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana supone para las libertades públicas".
La plataforma, creada hace una semana, pretende ser una iniciativa popular sin identificación con organizaciones políticas o sindicales. Entre los firmantes hay mili...
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Un manifiesto firmado por cerca de 200 intelectuales, artistas, jueces, sindicalistas y políticos, presentado en Madrid el pasado jueves, ha sido el primer paso de una campaña que, bajo el nombre Ciudadanos por las Libertades y coordinada desde la Asociación Pro Derechos Humanos (APDH), tratará de movilizar a la sociedad "ante la amenaza que el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana supone para las libertades públicas".
La plataforma, creada hace una semana, pretende ser una iniciativa popular sin identificación con organizaciones políticas o sindicales. Entre los firmantes hay militantes del PSOE, según afirmó Diego López Garrido, vicepresidente de la APDH. "No deja de ser preocupante que en la España de los noventa tengamos que movilizarnos bajo un rótulo más propio de otras épocas de nuestra historia", comenta Ramón Sáez, miembro del secretariado de Jueces para la Democracia.
Para Diego López Garrido "hay de hecho una sensación de inseguridad en ciertas capas de la población, utilizada por algunos sectores para restringir los derechos sociales. A eso se une la propia coyuntura del Gobierno, minado por los acontecimientos internos del PSOE y por la pérdida de apoyo electoral en las grandes ciudades. Y está la cuestión europea. En los países comunitarios no corren, precisamente, vientos dr libertad".
La llamada ley Corcuera es considerada por los firmantes del manifiesto como "el más grave y peligroso ataque que un Gobierno haya realizado contra la Constitución española desde su trabajoso nacimiento".