Un paquete bomba mata a cuatro personas y hiere a otras 30 en la cárcel Sevilla-1

La explosión de un paquete bomba en la prisión provincial Sevilla-1 causó ayer la muerte de cuatro personas -un funcionario de prisiones, dos internos y un familiar de un recluso- y más de una treintena de heridos de diversa consideración. El artefacto estalló hacia las 11.20 en la sala de paquetería de la prisión, contigua a la sala de espera de la cárcel, a la que acuden a diario los familiares de los internos. En el momento de la explosión se encontraban en el lugar más de medio centenar de familiares, en su mayoría mujeres y algunos niños.

El paquete había sido entregado por un empl...

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La explosión de un paquete bomba en la prisión provincial Sevilla-1 causó ayer la muerte de cuatro personas -un funcionario de prisiones, dos internos y un familiar de un recluso- y más de una treintena de heridos de diversa consideración. El artefacto estalló hacia las 11.20 en la sala de paquetería de la prisión, contigua a la sala de espera de la cárcel, a la que acuden a diario los familiares de los internos. En el momento de la explosión se encontraban en el lugar más de medio centenar de familiares, en su mayoría mujeres y algunos niños.

El paquete había sido entregado por un empleado de la empresa de transportes Acha SA., procedía de Valladolid, y estaba dirigido al director de la cárcel, Javier Romero Pastor. Todos los datos apuntan a la autoría de ETA. De hecho, el ministro de Justicia, Tomás de la Quadra, señaló ayer que las sospechas "pueden recaer en alguno de los grupos terroristas, ya sea ETA o GRAPO".La bomba estalló cuando estaba. siendo revisada en el escáner de control. Las sala de seguridad, la de espera de familiares y la de comunicación quedaron prácticamente destrozadas. También sufrieron importantes daños el despacho del director y las oficinas de administración.

Los fallecidos son:

- Manuel Pérez Ortega, de 39 años y natural de Olivares (Sevilla), soltero, funcionario de prisiones desde 1986 y licenciado en Ciencias Económicas y maestro. Llevaba tres años destinado en el servicio de paquetería de la prisión.

- Donato Calzado García, de 27 años y natural de Gilena (Sevilla), interno en Sevilla-1 en régimen de tercer grado, cumplía condena de dos años por un delito de lesiones desde 1990 y estaba a punto de obtener la libertad. Ayudaba en la sección de paquetería.

- Jesús Sánchez Lozano, de 36 años y natural de Sevilla, interno también clasificado en tercer grado. Ayudaba igualmente en la sección de paquetería.

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- Edmundo Pérez Crespo, de 27 años y natural de Santander, quien esperaba para ver a su hermano.

Ésta es la primera vez que fallecen reclusos por la explosión de un paquete-bomba enviado a una prisión.

Paquete "sospechoso"

El director de la cárcel y el sargento primero de la Guardia Civil que recibió al transportista señalaron que el paquete-bomba estaba envuelto en papel de color marrón y cinta adhesiva.

El guardia civil explicó que le había comentado al transportista que el paquete le parecía "sospechoso" y que debía entregarlo al funcionario Manuel Pérez Ortega para su inspección.

"Pesaba mucho y estaba muy protegido con tiras adhesivas, de esas de cinta aislante", comentó el guardia civil dos horas después de la explosión. "Yo lo tuve en las manos y le dije [al funcionario] que lo pasara por rayos", agregó.

El transportista pasó a la oficina de comunicación y entregó el paquete al funcionario Pérez Ortega. El director de la prisión, Javier Romero Pastor, acudió para la inspección y, tras anotar los datos de procedencia del paquete, comunicó al funcionario que lo metiera en el escáner y esperase. "No me dio tiempo siquiera a llegar a mi despacho cuando se produjo la explosión", comentó. "Yo me disponía a llamar a los Tedax [tecnicos en desactivación de explosivos] porque [al mirar en el escáner] se veía todo negro; entonces fue cuando explotó".

Según Romero Pastor, el albarán entregado con el paquete indicaba que éste pesaba siete kilos, e iba dirigido a él mismo, con la inicial de su nombre y sus apellidos. Anoche se desconocía el tipo de explosivo empleado en el atentado.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Garrido, confirmó que el paquete procedía de Valladolid, donde había sido entregado el pasado día 25 en la sede de la empresa Transportes Castilla, filial en la ciudad castellana de Transportes Acha. El remite figuraba a nombre de Suministros GHA.

La evacuación de los heridos se produjo con rapidez, gracias a la intervención de las dotaciones policiales presentes en la cárcel.

Mujeres y niños

Un grupo de presos del departamento 2 se amotinó en el tejado de la cárcel, pidiendo información sobre sus familiares, actitud que depusieron tras recibir explicaciones. Las escenas de desesperación, los ataques de histeria y las lipotimias se sucedían en los alrededores.

Anoche permanecían ingresadas en diversos centros hospitalarios cuatro personas heridas graves, entre ellas dos mujeres, y otras cuatro leves, entre ellas tres niños. Los demás heridos ya habían sido dados de alta.

Luis Vargas Torres, un recluso de 43 años que estaba limpiando la sala de espera, comentaba, llorando, lo ocurrido. "Son unos criminales, han pagado las criaturitas que venían con sus madres. No hay derecho. Yo estaba limpiando y me ha salvado la columna. Me he quedado ciego con la explosión y luego todos, también los presos, hemos ayudado a los heridos".

Ezequiel Reyes Toledo y su esposa Francisca Sánchez esperaban en la calle cuando se produjo la explosión. Ambos resultaron con heridas leves. "Venimos a ver a mi hijo y no sabemos qué ha pasado, pero fijese usted cómo estoy; mi mujer también tiene heridas y está en esa ambulancia. Esto no puede ser".

El atentado causó de inmediato el pánico en la capital andaluza. La policía recibió numerosas llamadas denunciando la existencia de paquetes sospechosos, fundamentalmente en oficinas de organismos públicos.

Partidos y sindicatos han convocado una manifestación de protesta para el próximo martes.

Presos y familiares querían linchar a los seis etarras recluidos en el centro

J. M. "Dejadlos salir al patio, que ya se encargarán de ellos los nuestros", reclamaban a gritos los familiares de los reclusos de la prisión de Sevilla, a los pocos minutos del atentado. El deseo de venganza fue unánime entre presos y familiares, éstos últimos principales afectados por el atentado e ignorantes de la suerte que habían corrido los suyos dentro de la cárcel. Los primeros, también ignorantes de la trascendencia de la explosión, sólo querían verse, cara a cara, con los seis etarras internos en el centro (cuatro recluidos y dos en tránsito para asistir a un juicio).

Poco antes de la explosión había quedado visto para sentencia en el Juzgado de lo Penal número 7 de la capital andaluza el juicio contra el etarra Joseba Arrese Garate, de 25 años y natural de Durango (Vizcaya), acusado de un delito de desacato al anterior juez de Vigilancia Penitenciaria de Sevilla, Heriberto Asensió.

El etarra, interno en la prisión de Alcazar de Sanjuán, donde cumple una condena de 12 años, estuvo en Sevilla-2 en 1989, cuando dirigió una carta al citado magistrado en la que le calificaba de "mercenario al servicio del Estado", según confirmó el propio juez Heriberto Asensió. El fiscal solicita para el activista dos anos de prisión y 200.000 pesetas de multa.

Este traslado había puesto en marcha un dispositivo especial de vigilancia en la ciudad, pues junto a Arrese había sido también trasladado a Sevilla-1 el etarra Zagarruy Moya para otro juicio.

La venganza de los comunes

Tras el atentado, el nerviosismo cundió entre los reclusos, que intentaron acceder a las celdas donde se encontraban los presos de ETA. Varios internos del departamento segundo se subieron al tejado y pidieron información sobre el atentado. Tras ceder en su actitud, los presos reclamaban venganza, y sólo la actuación de los responsables del centro penitenciario logró templar los ánimos.

La dirección de la cárcel decidió de inmediato el traslado de los seis etarras y de dos presos de los GRAPO a la prisión de Sevilla-2, una cárcel más moderna y con mejores instalaciones. En este último centro se encuentran internados otros cinco etarras.

El secretario general de Asuntos Penitenciarios, Antoni Asunción, quien viajó a Sevilla nada más tener noticia del atentado, aseguró anoche que el Gobierno "no va a cambiar en absoluto" la política penitenciaria respecto a los presos de ETA. Asunción confirmó que se han tomado medidas de prevención con respecto a los reclusos etarras en varias prisiones españolas y que han sido canceladas las vacaciones de todos los directores de las cárceles españolas.

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