Un 25% fiable

EN LA presentación a la opinión pública del plan previsto por el Gobierno para el escrutinio provisional de las elecciones de hoy, domingo, los subsecretarios del Interior y del Portavoz del Gobierno advirtieron a los ciudadanos de una decisión sorprendente: en esta ocasión no se facilitará dato alguno sobre el recuento de las papeletas hasta no tener escrutados el 25% de los votos. Es decir, que la primera información oficial no se producirá hasta transcurridas -por lo menos- tres horas del cierre de las urnas.La decisión gubernativa se basa, según sus relatores, en la responsabilidad del Gob...

EN LA presentación a la opinión pública del plan previsto por el Gobierno para el escrutinio provisional de las elecciones de hoy, domingo, los subsecretarios del Interior y del Portavoz del Gobierno advirtieron a los ciudadanos de una decisión sorprendente: en esta ocasión no se facilitará dato alguno sobre el recuento de las papeletas hasta no tener escrutados el 25% de los votos. Es decir, que la primera información oficial no se producirá hasta transcurridas -por lo menos- tres horas del cierre de las urnas.La decisión gubernativa se basa, según sus relatores, en la responsabilidad del Gobierno de proporcionar "una información provisional fiable", que, al parecer, ha sido estimada sobre la base de la cuarta parte de los votos emitidos. Sorprende el que no se haya utilizado el mismo argumento en las 17 elecciones -legislativas, municipales, autonómicas, europeas y referendos- que se han celebrado hasta la fecha, sin que, por lo visto, los sucesivos Gobiernos democráticos fueran conscientes de sus propias responsabilidades sobre la fiabilidad de los datos. Es evidente que una decisión de este tipo no se toma desde la perspectiva jurídica sino estrictamente política y, por tanto, ampliamente discutible.

Las autoridades gubernativas no son las propietarias, sino las administradoras de todo proceso electoral. Los votos y, naturalmente, el conocimiento de su escrutinio pertenecen sólo a quienes lo hacen posible: los ciudadanos. Si las extrapolaciones de datos parciales que los electores efectúen privadamente les llevan a un cálculo erróneo, sufrirán sin duda el desengaño o la frustración correspondientes, pero no parece razonable protegerle hasta el extremo de evitar esa posibilidad.

La autoridad gubernativa sólo tiene una obligación esencial: permitir que todo el proceso, desde la proclamación de candidatos hasta el recuento general oficial, se desarrolle pacífica y libremente. Decidir a partir de qué momento puede ser informado el ciudadano es llegar demasidado lejos.