Frente de rechazo en la CE a la propuesta española sobre ciudadanía europea

La propuesta de España sobre el derecho de el ciudadanía europea, uno de los escasos proyectos que contaban con un consenso inicial dentro de la conferencia intergubernamental para la unión política, se encontró ayer en Bruselas con un frente de rechazo. Jacques Poos, presidente de turno de la CE y ministro luxemburgués de Asuntos Exteriores, justificó las fuertes resistencias en que "la inclusión en el Tratado de la CE de un derecho incondicional y de aplicación directa en este sentido obligaría a algunos países a reformas constitucionales".Los dos días de reunión de los minitros de Asuntos E...

La propuesta de España sobre el derecho de el ciudadanía europea, uno de los escasos proyectos que contaban con un consenso inicial dentro de la conferencia intergubernamental para la unión política, se encontró ayer en Bruselas con un frente de rechazo. Jacques Poos, presidente de turno de la CE y ministro luxemburgués de Asuntos Exteriores, justificó las fuertes resistencias en que "la inclusión en el Tratado de la CE de un derecho incondicional y de aplicación directa en este sentido obligaría a algunos países a reformas constitucionales".Los dos días de reunión de los minitros de Asuntos Exteriores de la CE para intentar dar un limpulso al proyecto de unión política reflejaron que la única coincidencia que les une es el nombre de la reforma. Sobre los contenidos predominan las diferencias. Los Doce llevan desde enero dedicados a la estratagema de tejer y destejer de Penélope. Se habla ya de que en la cumbre de Luxemburgo de junio no será posible un acuerdo de principio y que hará falta un Consejo Europeo extraordinario allá por octubre.

Luxemburgo es uno de los países que se resisten a aceptar el derecho de ciudadanía europea, concebido como una serie de garantías suplementarias a la condición de nacional de cada país de la CE. Time que el principio, como defiende España, sea de aplicación directa, y contesta en especial el derecho a voto en el lugar de residencia para las elecciones locales y los comicios del Parlamento Europeo. Muchas localidades luxemburguesas tienen mayoría de residentes portugueses que por esta vía podrían lograr el control de los ayuntamientos. Las reservas son también evidentes en otros países.

El español Francisco Fernández Ordóñez defendió con ardor ante sus colegas la iniciativa- lanzada por el presidente Felípe González a mediados de 1989. La Comisión Europea hizo suya la proposición española y en febrero de este año presentó un texto ambicioso que incluía. además el derecho de todos Ios europeos a una protección sanitaria por igual y a otros derechos sociales. El estatuto de ciudadanía europea constituye la base popular del proyecto intergubernamental de unión política. La presidencia luxemburguesa propone incluir sólo una referencia en el tratado y aplazar la aplicación de ese derecho a un reglamento que se aprobaría en un futuro indeterminado.

Mientras tanto, el veto británico sigue bloqueando la cesión de competencias a la Comunidad en materia de política social.