135 minusválidos exigen a la Comunidad vivendas protegidas sin barreras arquitectónicas
Unos 20.000 minusválidos de la Comunidad de Madrid luchan a diario con las barreras arquitectónicas que impiden el paso de sus sillas de ruedas. De ellos, 135 aguardan la adjudicación de una vivienda social adaptada a sus necesidades. La ley estipula que el 3% de los pisos protegidos deben destinarse a este colectivo. Sin embargo, el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) no ha informado aún al Servicio Regional de Minusválidos encargado de estudiar cada caso de cuántas casas adaptadas dispone en Madrid. Algunos dismidos esperan en un quinto piso sin ascensor.
Francisca Sansegundo p...
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Unos 20.000 minusválidos de la Comunidad de Madrid luchan a diario con las barreras arquitectónicas que impiden el paso de sus sillas de ruedas. De ellos, 135 aguardan la adjudicación de una vivienda social adaptada a sus necesidades. La ley estipula que el 3% de los pisos protegidos deben destinarse a este colectivo. Sin embargo, el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) no ha informado aún al Servicio Regional de Minusválidos encargado de estudiar cada caso de cuántas casas adaptadas dispone en Madrid. Algunos dismidos esperan en un quinto piso sin ascensor.
Francisca Sansegundo perdió una de sus piernas en 1978. La segunda, en 1984. Ambas amputaciones fueron consecuencia de una enfermedad denominada arteritis de Takayasu, una hinchazón que cierra las paredes de las arterias. Desde entonces se mueve en una silla de ruedas por su casa, un quinto piso sin ascensor y alquilado, en la calle de la Oca, en Carabanchel. "Esto es como estar en una jaula, porque no puedo salir a la calle a no ser que me bajen en volandas", asegura esta mujer de,44 años que vive con su marido y sus dos hijos."Yo solo no puedo llevarla porque entre ella y la silla son unos setenta kilos de peso", explica Casto Ruiz, el marido de Francisca, carpintero de una dependencia ministerial. "Mis dos hijos me ayudan pero no pueden estar todo el día pendientes de mí y con las 100.000 pesetas que gana Casto al mes no podernos plantearnos ni comprar ni alquilar un bajo" asegura Francisca. La familia Ruiz Sansegundo, solicitó por primera vez un piso protegido en 1977 al Ministerio de la Vivienda. Su segunda petición la cursaron en el Ivima en 1984.
"Me parece que lo del piso va para largo", afirma escéptica Francisca. "Lo peor es que sé de buena tinta que en el Fontarrón de Moratalaz hay dos viviendas de minusválidos que están vacías, pero yo no valgo para dar la patada", concluye no sin cierta ironía.
El Servicio de Minusválidos dependiente de la Consejería de Integración Social, es el encargado de estudiar las solicitudes de vivienda de los disminuídos físicos en virtud de un acuerdo firmado con el Ivima en 1990. De los 135 casos que engrosan la lista de espera, 15 son urgentes. "Todavía no sabernos el número de pisos adaptados para incapacitados que ha construido o proyectado el Ivima", explica Nicolás Garcia, jefe del citado servicio.
"Sistema caótico"
Pilar Ramiro, secretaria general de la Coordinadora de Minusválidos Físicos de Madrid, califica de "caótico"' el sistema por el cual se reserva un 3% de los pisos protegidos a los minusválidos. "En las actuaciones de Palomeras y Fontarrón se ha respetado el porcentaje, pero no en las del Alto de San Isidro, Pinar de Chamartín o Tercio del Terol", expone Pilar. "Desde 1985 se habrán adjudicado unas 250 viviendas a incacitados fisicos, añade.
A los minusválidos se les exigen las mismas condiciones económicas para conseguir un piso protegido que al resto de los peticionarios. "Estamos revisando el baremo porque, en estos casos, además de los condicionantes económicos existe el inconveniente adicional de la movilidad en silla de ruedas", asegura Nicolás Garcia, encargado de este colectivo en Integración Social.
"Yo no pido ni siquiera un piso adaptado, que me concedan un bajo y ya lo adecuaré yo a mis necesidades", concluye Francisca Sansegundo..
El Ministerio de Asuntos Sociales destinará este año anos 80 millones de pesetas a ayudas a minusválidos que seencuentren atendidos en instituciones especializadas de la Comunidad, según informa la agencia .