El Tribunal Superior de Cantabria investiga al alcalde de Laredo

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha solicitado al juez de Laredo (Cantabria), Fernando Goizucta, que ordene acreditar la condición de diputado del alcalde de la localidad, Juan R. López Revuelta, perteneciente al PSOE, y le remita sus actuaciones como único órgano competente para investigar y en su caso enjuiciar por irregularidades urbanísticas al diputado, que tiene la condición de aforado, según publicó ayer El Diario Montañés.

En 1987 fue tramitada una querella contra Revuelta y seis concejales de su grupo por presuntos delitos de prevaricación, falsedad document...

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El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha solicitado al juez de Laredo (Cantabria), Fernando Goizucta, que ordene acreditar la condición de diputado del alcalde de la localidad, Juan R. López Revuelta, perteneciente al PSOE, y le remita sus actuaciones como único órgano competente para investigar y en su caso enjuiciar por irregularidades urbanísticas al diputado, que tiene la condición de aforado, según publicó ayer El Diario Montañés.

En 1987 fue tramitada una querella contra Revuelta y seis concejales de su grupo por presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos por un órgano judicial que no tiene competencia para ello, según esta información.

El juez de Laredo considera, sin embargo, concluidas las diligencias previas incoadas como consecuencia de la querella interpuesta contra el diputado y alcalde, seis concejales y alguno ciudadanos por presuntos delitos cometidos a causa de irregularidades en materia urbanística. El juez de Laredo ha enviado sus actuaciones a la Audiencia Provincial de Cantabria.

Los presuntos delitos están relacionados con la realización por el Ayuntamiento de Laredo, regido por López Revuelta, de una permuta de terrenos para la construcción de un apartahotel en los antiguos terrenos de la sociedad de tenis. Las edificaciones alcanzaron un nivel muy superior al permitido por la ley, existen dudas sobre la legalidad d un certificado de la comisión de Hacienda requerido para llevar a cabo tal operación y, además, el Ayuntamiento obtuvo en el cambio unos terrenos cuyo valor era sensiblemente inferior a los cedidos.

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