Editorial:

Diseño autonómico

EL PROGRAMA del PSOE para las elecciones autonómicas de mayo recoge la vieja propuesta de los socialistas catalanes, finalmente hecha suya por el 32º congreso federal de ese partido, de impulsar "el desarrollo del Estado de las autonomías en una perspectiva de funcionamiento asimilable al de los Estados federales". En ese marco, el PSOE se muestra partidario de ampliar las competencias de las comunidades que accedieron a la autonomía por la vía lenta del artículo 143 de la Constitución. Tal ampliación podría producirse bien por delegación del Estado (artículo 150-2), bien por reforma de...

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EL PROGRAMA del PSOE para las elecciones autonómicas de mayo recoge la vieja propuesta de los socialistas catalanes, finalmente hecha suya por el 32º congreso federal de ese partido, de impulsar "el desarrollo del Estado de las autonomías en una perspectiva de funcionamiento asimilable al de los Estados federales". En ese marco, el PSOE se muestra partidario de ampliar las competencias de las comunidades que accedieron a la autonomía por la vía lenta del artículo 143 de la Constitución. Tal ampliación podría producirse bien por delegación del Estado (artículo 150-2), bien por reforma de los estatutos respectivos.El hecho de que, tras un acuerdo entre los principales partidos, ayer mismo se aprobase en el Senado la modificación de los estatutos de las siete comunidades en que ello era preciso para unificar la fecha de las elecciones autonómicas demuestra que la vía del acuerdo está sustituyendo a la del conflicto y el agravio comparativo que marcaron los inicios del proceso autonórnico. Y que tal aprobación haya coincidido con el undécimo aniversario del en su día traumático referéndum andaluz sirve de recordatorio de la desorientación respecto a sus propios postulados que, frente al auge de los nacionalismos de viejo o nuevo cuño, afectó en esos años a algunos de los principales partidos de ámbito español. En el caso del PSOE, esa desorientación circuló entre la tentación populista -es bueno todo lo que contribuye a debilitar el poder de la derecha gobernante- y el discurso defensista y administrativista de la LOAPA. La aceptación del modelo federalizante significa optar por un proyecto propio desde presupuestos y referencias claras.

Apostar por el modelo federal o federalizante supone antes que nada hacerlo por unas técnicas de gobierno basadas en mecanismos de cooperación estable y de corresponsabilización entre el poder central y los poderes autonómicos. Esa opción no excluye, sino todo lo contrario, la búsqueda de un amplio consenso tanto respecto a la definición del modelo como a su aplicación. En los próximos meses habrá de ponerse a prueba esa voluntad en tomo a cuestiones como la reforma del reglamento del Senado, actualmente en fase de debate en comisión; la potenciación de la participaci6n de las comunidades en la construcción de la Europa política -encauzada a través de un proyecto de órgano consultivo de las regiones y poderes locales-, y la reforma del sistema de financiación autonómica. Temas que deberían centrar el debate electoral previo a la cita con las urnas del 25 de mayo.

Si este debate es hoy no sólo deseable, sino posible, es porque el propio asentamiento de las autonomías ha hecho que pasen a segundo plano los viejos esencialismos fundacionales: los ciudadanos exigen hoy ante todo eficiencia en los servicios, lo que implica eliminar las duplicidades en la Administración. Y hay suficiente experiencia acumulada como para rechazar el principio dogmático de que el nivel óptimo de competencias de cada comunidad equivale siempre al máximo de ellas. A la vez, el propio rodaje de la autonomía ha desgastado los recelos que su despliegue suscitó en algunos sectores -Fraga aparece hoy más autonomista que nadie-, y, en general, las divergencias que esporádicamente surgen aquí o allá no suponen, como antes, un cuestionarniento del marco autonómico mismo.

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Ello permite suscitar hoy cuestiones que hasta hace poco parecían imposibles. Por ejemplo, la paulatina.supresión de la Administración periférica del Estado en favor del reconocimiento de la autonómica y local como representación normal del Estado en sus ámbitos respectivos. Lo que, dicho sea de paso, encaja perfectamente en la lógica de un desarrollo federalizante del diseño autonómico.

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