UGT acusa a la juez de vigilancia de Madrid de dar permisos a presos peligrosos

La juez de vigilancia penitenciaria de Madrid, Manuela Carmena, está concediendo permisos extraordinarios a internos de Carabanchel clasificados como peligrosos, como es el caso de un presunto narcotraficante del cartel de Medellín que luego se fugó, informó ayer a Efe el sindicato UGT. Manuela Carmena declaró anoche a este periódico que se ha limitado a cumplir la Constitución y la ley.

Las órdenes de concesión de estos permisos a presos como Pablo Sánchez Escobar, pariente del jefe del narcotráfico colombiano Pablo Escobar, además de otras en las que se revocan medidas especiales de v...

La juez de vigilancia penitenciaria de Madrid, Manuela Carmena, está concediendo permisos extraordinarios a internos de Carabanchel clasificados como peligrosos, como es el caso de un presunto narcotraficante del cartel de Medellín que luego se fugó, informó ayer a Efe el sindicato UGT. Manuela Carmena declaró anoche a este periódico que se ha limitado a cumplir la Constitución y la ley.

Las órdenes de concesión de estos permisos a presos como Pablo Sánchez Escobar, pariente del jefe del narcotráfico colombiano Pablo Escobar, además de otras en las que se revocan medidas especiales de vigilancia a presuntos etarras, figuran entre los autos aportados a Efe por el Sector de Prisiones de la Federación de Servicios Públicos (FSP-UGT). Según la documentación, la magistrada argumentó para ordenar el permiso de salida de Escobar -que cumplía una pena de ocho años y tres meses- que el interno había cumplido la cuarta parte de la condena.Pablo Sánchez Escobar salió de Carabanchel el 20 de junio del año pasado, sin el correspondiente informe previo del equipo de observación de Carabanchel, y conoció el beneficio concedido por la magistrada un día antes de serle notificado a la dirección de la prisión, circunstancia que las fuentes de UGT calificaron de irregular".

Entre los casos de otorgamientos de régimen abierto o permisos extraordinarios que constan en las notificaciones judiciales destaca el de Antonio Rodríguez Pueyo, presuntamente relacionado con los policías condenados por la desaparición de Santiago Corella, El Nani. Rodríguez Pueyo huyó de España a finales de febrero de 1990 aprovechando un permiso de salida de seis días.

Carmena, siempre según los autos que llevan su firma, concedió el tercer grado (estatuto que les permite salir diariamente a la calle) a otros internos clasificados como peligrosos, algunos de ellos relacionados con el tráfico de drogas.

Posibilidades económicas

Así, el preso Gustavo Valencia Tabares, condenado al encontrársele tres kilos de heroína, pasó del segundo grado (que no le permite salir de prisión) al régimen abierto de tercer grado, tras un auto en el que se dice que si el interno realizó una operación de tráfico ¡legal de drogas, "tuvo que ser por las enormes posibilidades económicas de obtener dinero fácil".Otro preso de Carabanchel, el colombiano Héctor Arana Arévalo, también condenado por tráfico de cocaína, pasó a tercer grado al considerar la juez que el hecho fue cometido por "Ia fuerza real e inmensa del narcotráfico" hacia "muchos individuos de sectores populares" que "no tienen fuertes apoyos para resistirse a esa colaboración".

Sobre las medidas adoptadas por Carmena en relación con los presos de ETA, constan varios autos en los que la magistrada revoca medidas establecidas en el artículo 10 del reglamento penitenciario, referidas a organizaciones delictivas o bandas organizadas, como la limitación de movimientos, visitas y paquetes, así como la obligación a someterse a recuentos y registros.