Partidos y dinero

EL JUEZ instructor del caso Naseiro ha decidido la apertura de juicio oral en relación al proceso que se sigue contra varios ex dirigentes del Partido Popular (PP) y otras personas. Los dos anteriores tesoreros nacionales de ese partido y un concejal de Valencia habrán de hacer frente a una acusación de cohecho en grado de conspiración. Más concretamente, a la acusación de realizar prácticas orientadas a la financiación irregular del PP y a la obtención de beneficios particulares mediante el cobro de comisiones a cambio de la concesión de contratas de obras públicas.En numerosos países ...

EL JUEZ instructor del caso Naseiro ha decidido la apertura de juicio oral en relación al proceso que se sigue contra varios ex dirigentes del Partido Popular (PP) y otras personas. Los dos anteriores tesoreros nacionales de ese partido y un concejal de Valencia habrán de hacer frente a una acusación de cohecho en grado de conspiración. Más concretamente, a la acusación de realizar prácticas orientadas a la financiación irregular del PP y a la obtención de beneficios particulares mediante el cobro de comisiones a cambio de la concesión de contratas de obras públicas.En numerosos países europeos, pero últimamente sobre todo en los del sur del continente, la cuestión de la irregular financiación de los partidos políticos ha estado en el origen de todo tipo de escándalos de los que se ha derivado un enorme descrédito de los políticos. La actuación independiente de los jueces frente a esas formas de corrupción -en las que es dificil establecer una frontera entre el ámbito colectivo de los partidos y los intereses de las personas que maniobran en nombre de aquéllos- constituye la principal forma de defensa del sistema democrático. En el caso Naseiro, las evidencias conocidas por la opinión pública son de tal entidad que cualquier decisión judicial diferente a la de abrir juicio oral hubiera sido un escándalo mayor aún que el de los hechos mismos.

La nueva dirección del PP encabezada por Aznar se encontró con el escándalo cuando acababa de tomar posesión. Su primera reacción, solicitando la creación de una comisión parlamentaria de investigación y encargando un informe interno con el compromiso de hacer públicos sus resultados, demostró los reflejos de Aznar, en contraste con la torpeza, con que los socialistas respondieron al escándalo Guerra. Cualesquiera que fueran sus limitaciones -determinadas por la voluntad de exculpar a los dirigentes de cualquier responsabilidad en el asunto-, el informe interno, elaborado por Ruiz Gallardón, tenía el niérito de aceptar con valentía que los indicios derivados de las grabaciones eran de suficiente entidad como para deducir las responsabilidades que se especifican.

Más tarde, sin embargo, la oposición a la concesión del suplicatorio al diputado Sanchis puso en duda esa voluntad esclarecedora. El propio Sanchis ha dicho ahora que se alegra de la apertura del juicio oral porque en su desarrollo podrá demostrarse la nulidad de las actuaciones del juez que ordenó la investigación. Tal vez ocurra así, pero entonces no se entiende por qué su partido se negó a despejar el camino hacia la fase del proceso que ahora se abre.