Li Peng destituye al ministro de Seguridad Pública
El primer ministro chino, Li Peng, destituyó ayer al ministro de Seguridad Pública, Wang Fang, de 70 años. La destitución parece estar relacionada con el fracaso policial del ministro para controlar las protestas de estudiantes que acabaron en los sucesos de la plaza de Tiananmen y con la imposibilidad de detener a los fugitivos políticos.
También se atribuye a Fang no haber conseguido hacer frente a la ola de criminalidad que ha dado lugar a miles de ejecuciones.El primer ministro no mencionó las razones de la destItución cuando se la propuso al comité permanente del Parlamento chino, ...
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El primer ministro chino, Li Peng, destituyó ayer al ministro de Seguridad Pública, Wang Fang, de 70 años. La destitución parece estar relacionada con el fracaso policial del ministro para controlar las protestas de estudiantes que acabaron en los sucesos de la plaza de Tiananmen y con la imposibilidad de detener a los fugitivos políticos.
También se atribuye a Fang no haber conseguido hacer frente a la ola de criminalidad que ha dado lugar a miles de ejecuciones.El primer ministro no mencionó las razones de la destItución cuando se la propuso al comité permanente del Parlamento chino, competente en estos casos. La agencia de noticias Nueva China informó que Fang ha sido reemplazado por Tao Siju, de 55 años, que desempeñaba el cargo de viceministro de Seguridad Pública, el cual ingresó en el Partido Comunista Chino (PCCh) cuando tenía 14 años.
Wang fue nombrado ministro en 1987 y está considerado como un duro en la actual política del país. Le unen estrechos lazos de amistad con Zhao Ziyang, el líder reformista del partido destituido como consecuencia de los sucesos de 1989.
La destitución de Wang es continuación de la de cuatro altos mandos de la poderosa Policía Armada Popular el pasado mes de febrero.
Bajo el mandato de Wang China ha experimentado una ola de criminalidad. Amnistía Internacional, organización defensora de los derechos humanos, informó el pasado mes de septiembre que 1.100 personas habían sido condenadas a muerte en los 12 meses precedentes, y que esta cifra tan sólo era la punta del iceberg, de una oleada de ejecuciones que se llevan a cabo en todo el país.