Acusan al Ayuntamiento de Móstoles de violar los derechos humanos
El Ayuntamiento de Móstoles ha sido acusado por 15 organizaciones no gubernamentales de violar los derechos humanos por su comportamiento respecto a las 36 familias de origen portugués que fueron desalojadas el 19 de septiembre de su habitual asentamiento en el prado de Regordoño de esta localidad. Estas organizaciones han solicitado la disolución de la corporación municipal.
En escrito dirigido al Consejo de Ministros, al Senado, a la Comisión Nacional de Administración Local, al equipo de gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid y al Defensor del Pueblo denuncian al municipio m...
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El Ayuntamiento de Móstoles ha sido acusado por 15 organizaciones no gubernamentales de violar los derechos humanos por su comportamiento respecto a las 36 familias de origen portugués que fueron desalojadas el 19 de septiembre de su habitual asentamiento en el prado de Regordoño de esta localidad. Estas organizaciones han solicitado la disolución de la corporación municipal.
En escrito dirigido al Consejo de Ministros, al Senado, a la Comisión Nacional de Administración Local, al equipo de gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid y al Defensor del Pueblo denuncian al municipio mostoleño por incumplimiento de la Constitución y violación de los derechos fundamentales protegidos por la ley.
Las 36 familias gitanas de origen portugués fueron desalojadas a la fuerza al reclamar la Sociedad Estatal para Equipamiento de Suelo (SEPES) los terrenos para un polígono industrial.
El SEPES ofreció 19 millones de pesetas a las familias extremeñas y dos a las portuguesas, las cuales se negaron a recibir este dinero. Las familias fueron realojadas en terrenos privados del camino de Pajarillas, en Móstoles.
Tanto las familias gitanas como las asociaciones pedían una vivienda o un alojamiento en terreno municipal. Hasta que llegara ese momento, el Ayuntamiento debería proporcionarles los servicios mínimos de luz y agua, así como facilitar la escolarización de los niños.
Para este fin se creó una comisión municipal formada por todos los grupos políticos, comisión que se ha reunido tan sólo dos veces, sin dar aún una solución a este problema.
Según estas acusaciones, el Ayuntamiento de Móstoles puede haber incurrido en un delito de traslado forzoso, tipificado en el Código Penal y castigado con inhabilitación a perpetuidad de quienes lo consientan y una pena de hasta seis años de prisión y multa de hasta 300.000 pesetas.