Bazán prepara una nueva regulación de empleo tras anunciar Defensa que recortará los contratos
La Empresa Nacional Bazán de Construcciones Navales va a presentar hoy a los sindicatos un nuevo expediente de regulación de empleo que afectará a la mitad de su plantilla, que asciende a unas 10.000 personas. Este expediente, que rechazan los sindicatos, es consecuencia de la reducción que se ha producido en las contrataciones con el Ministerio de Defensa tras recortarse el presupuesto del departamento, según fuentes cercanas a la empresa estatal del INI.
La dirección de Bazán ha convocado para esta mañana al comité intercentros en sus oficinas de Madrid con el objeto de explicarles la...
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La Empresa Nacional Bazán de Construcciones Navales va a presentar hoy a los sindicatos un nuevo expediente de regulación de empleo que afectará a la mitad de su plantilla, que asciende a unas 10.000 personas. Este expediente, que rechazan los sindicatos, es consecuencia de la reducción que se ha producido en las contrataciones con el Ministerio de Defensa tras recortarse el presupuesto del departamento, según fuentes cercanas a la empresa estatal del INI.
La dirección de Bazán ha convocado para esta mañana al comité intercentros en sus oficinas de Madrid con el objeto de explicarles la situación y presentar una regulación de empleo para las tres plantas con que cuenta (Ferrol, San Fernando y Cartagena). Según las fuentes consultadas, esta es la única alternativa para atajar la crisis que se avecina en la empresa, tras el anuncio por parte del Ministerio de Defensa de recortar a la mitad las inversiones previstas y que, a su vez, proviene de la restricciones aplicadas a los Presupuestos Generales del Estado para contener el gasto público.Como consecuencia de ello, Defensa se verá en la necesidad de modificar el Plan Altamar, que fue presentado a principios de año contemplando un horizonte hasta el año 2000 con unas inversiones progresivas que para 1991, en concreto, se cifraban en 62.000 millones de pesetas.
Este plan incluye la construcción de dos fragatas, ocho cazaminas, un buque de apoyo logístico (AOR) y cuatro patrulleras. También se contemplaba una nueva serie de fragatas -para la que se estaba buscando tecnología totalmente española- y el arranque de los estudios para un nuevo submarino. De ellos, ya se había comenzado la construcción de las dos fragatas (quinta y sexta de la generación encabezada por la Santa María), que ha quedado paralizada al anunciar Marina el recorte de presupuesto, según las fuentes consultadas.
La empresa pública, que había conseguido entrar en beneficios en los dos últimos ejercicios, no ha dejado pasar mucho tiempo para lanzar la voz de alarma. El impacto de estos cambios provocará que el próximo año se reduzca considerablemente su cifra de negocios y, consecuentemente, vuelva a los números rojos. Bazán pervive por los contratos de Defensa, que le da el 75% de su actividad, ya que apenas recibe encargos del exterior (en la actualidad, además, está terminando un barco oceanográfico para Venezuela en la factoría de San Fernando y el Hespérides con destino a la Antartida en Cartagena) por lo que la reducción prevista tiene un especial significado.
La situación es criticada por los sindicatos. Según el presidente del comité intercentros, Emilio Pantín, que también es miembro del consejo de administración de la empresa en representación de CC OO, "se va a exigir que se retire el expediente que han elaborado y que se defina con claridad el futuro de Bazán. Es preciso saber si se quiere que haya empresas de defensa y si no se quiere que se diga también, porque no se puede estar jugando con los trabajadores".
Pantín ha señalado que Defensa sigue sin una política clara "y a lo peor está pensando comprar las fragatas en el exterior como va a hacer con los tanques". Por otra parte, denuncia que no ha tenido ninguna validez el plan estratégico iniciado en 1987 y que termina este año en el que el INI destinó 54.000 millones de pesetas para sanear la sociedad.
Las plantillas de los astilleros militares, que preside Antonio Sánchez-Cámara y que están localizados en zonas industriales en declive, se han reducido, como consecuencia de los diversos ajustes, en unas 4.500 personas (2.500 en Ferrol y otras 2.000 entre en las plantas de Cartagena y la gaditana de San Fernando).
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