Las refineras españolas podrán fijar los precios de los combustibles tras la división de Campsa

La segregación de Campsa, consistente en separar la red logística de la actividad comercial, permitirá que las compañías petroleras españolas podrán fijar, independientemente de la empresa distribuidora, el precio de venta al público de los carburantes que expendan en sus refinerías y gasolineras antes de que se establezca el mercado único. La segregación está prevista para antes de fin de año, y cada compañía recibirá un número de gasolineras propiedad de Campsa de acuerdo a su cuota actual de mercado. La propuesta cuenta con el respaldo del Ministerio de Industria.

Esta novedad, que s...

La segregación de Campsa, consistente en separar la red logística de la actividad comercial, permitirá que las compañías petroleras españolas podrán fijar, independientemente de la empresa distribuidora, el precio de venta al público de los carburantes que expendan en sus refinerías y gasolineras antes de que se establezca el mercado único. La segregación está prevista para antes de fin de año, y cada compañía recibirá un número de gasolineras propiedad de Campsa de acuerdo a su cuota actual de mercado. La propuesta cuenta con el respaldo del Ministerio de Industria.

Esta novedad, que se ha puesto sobre la mesa recientemente, parte de la segregación que hay que hacer previamente en la compañía distribuidora en dos partes, la logística y la de distribución propiamente dicha (gasolineras). Según este plan de reorganización, la red logística -referente a almacenaje, red de oleoductos y otros bienes tangibles-, quedará integrada en Campsa, mientras que la actividad comercial se repartirá entre sus accionistas.Una vez hecho el reparto entre los distintos operadores españoles, éstos tendrán facultad para fijar los precios en los productos que vendan, respetando el precio máximo que esté en vigor, lo que confiere mayor interés para acelerar la segregación. La adopción de esta medida será inmediata para la venta de fuelóleo y gasóleo de calefacción, que lo harían directamente las refinerías. Para la venta en gasolineras, está por decidir la fecha. En principio, y según la ley de adaptación del monopolio de petróleos a la normativa comunitaria, bastaría con hacerlo a partir de 1992; pero Industria y Campsa quieren hacerlo inmediatamente.

A partir del cambio, las empresas españolas podrán competir en igualdad de condiciones en las carreteras y en la venta de puertos, grandes clientes, transportistas..., al tiempo que lo hacen con las multinacionales que vayan entrando en España a través de la red paralela.El reparto afecta a las gasolineras que son propiedad de Campsa, alrededor de 1.500 (a final de 1989 eran 1.369) , y a las que tiene abanderadas bajo contrato. Sin embargo, existen otras 2.100 estaciones, 613 unidades de suministro (con más de un surtidor) y 689 (puntos de venta con un solo surtidor, también conocidos por postes), que no están ligadas a la empresa distribuidora.

Flecos pendientes

El problema surge de las gasolineras que no están adscritas a la red de Campsa y que pertenecen, en gran parte, a particulares. Para encauzar el proyecto, se trataría de que cada una de esas gasolineras se ajustase a las decisiones que adoptare la compañía de abanderamiento con la que está contratada.El reparto se hará de acuerdo con la cuota de mercado (Repsol, 58%; Petronor, 13%; CEPSA, 16%; Petromed, 7%, y Ertoil, 6%.). Para equilibrar la distribución de esas gasolineras, se observará una escala de ventas de cada estación y su situación. Sobre esta cuestión no existen demasiadas discrepancias, aunque Ertoil -empresa perteneciente al grupo Ercros, ligado al inversor kuwaití KIO- sigue poniendo la proa al acuerdo. Ertoil considera que tiene mucho más valor el 7% con que cuenta en la actual Campsa que eso mismo trasladado, a gasolineras.Las empresas privadas, a su vez, han propuesto que se haga un reparto sobre el 15% que tenía el INH en Campsa y traspasó a Repsol, en la que tiene el 68% del capital, en el momento de realizar la nueva estructura de la empresa distribuidora. Este es uno de los flecos que están retrasando el acuerdo definitivo para la segregación.Otro de los temas pendientes es la valoración de la marca Campsa, cuya propiedad pretende Repsol, que quiere mantener el 25% de las gasolineras abanderadas por Campsa. Los accionistas privados llegaron a pedir 60.000 millones de pesetas. Las partes han encargado la valoración a una firma externa.