Aprobado el avance de revisión del plan general con la oposición del PSOE y de IU

Los dos centenares de vecinos que se concentraron ayer en la plaza de la Villa frente al Ayuntamiento apenas se hicieron oír en el salón de plenos, donde se aprobó, en un debate que discurrió con maneras florentinas, el Plan 18.000 de vivienda. Todos los grupos se asignaron la paternidad de este proyecto. Y todos estuvieron de acuerdo en exigir a la Administración central y a la Comunidad el "íntegro cumplimiento" del plan de inversiones en materia de tráfico y transporte, conocido como plan Felipe. El avance del Plan General de Ordenación Urbana se aprobó con el rechazo del PSOE y de IU.
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Los dos centenares de vecinos que se concentraron ayer en la plaza de la Villa frente al Ayuntamiento apenas se hicieron oír en el salón de plenos, donde se aprobó, en un debate que discurrió con maneras florentinas, el Plan 18.000 de vivienda. Todos los grupos se asignaron la paternidad de este proyecto. Y todos estuvieron de acuerdo en exigir a la Administración central y a la Comunidad el "íntegro cumplimiento" del plan de inversiones en materia de tráfico y transporte, conocido como plan Felipe. El avance del Plan General de Ordenación Urbana se aprobó con el rechazo del PSOE y de IU.

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El equipo de gobierno de centro-derecha rechazó la propuesta del portavoz socialista Juan Barranco, partidario de que el pleno se comprometiera a poner en marcha antes de fin de año un nuevo plan con el fin de dar vivienda, sin nuevos concursos, a los cerca de 30.000 cooperativistas que no han podido obtener ahora terreno. El pleno aprobó asimismo el avance de revisión del futuro Plan General de Ordenación Urbana a pesar de contar con el rechazo de la oposición y motivar casi una declaración de guerra de los socialistas.El debate sobre el plan de vivienda dio comienzo con la intervención de un representante de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAV) que, en nombre de 25 cooperativas, aseguró "no poder aceptar de buen grado" el balance de la adjudicación propuesta por el equipo de gobierno para el Plan 18.000. En concreto, la FRAV criticó el que no se haya tenido en cuenta que sus cooperativas representan a los vecinos de los barrios y que se haya permitido la entrada en el concurso de todo tipo de sociedades. Al mismo tiempo, dos centenares de vecinos coreaban ante la casa consistorial: "Sois unos golfos; el reparto, para unos pocos". "Pisos sí, pucherazos no", rezaba alguno de los cartelones que portaban con resignación los vecinos, madres de familia y jubilados en su mayoría.

En el salón de plenos, mientras tanto, José Luis Garro, portavoz del CDS y coordinador de temas de urbanismo, aseguró que el equipo de gobierno es consciente de la necesidad y del clamor que existe para conseguir una vivienda. Garro explicó las variaciones introducidas en el pliego de condiciones y las razones por las que casi 500 viviendas del plan tendrán que ser adjudicadas en el pleno del mes de octubre.

Parto con dolor

"Ha existido rigor y transparencia. Se ha entregado la totalidad de los datos a los grupos" dijo Garro. "La aprobación de hoy supone el nacimiento del Plan 18.000, que como toda criatura no nace sin dolor. Estoy convencido de que nosotros, que somos sus padres, sabremos arroparlo", afirmó.A partir de ese momento, los grupos políticos se disputaron la paternidad del plan. Francisco Herrera, portavoz de Izquierda Unida, tras considerar que con el plan se acaba con la actual situación inmobiliaria, la inhibición de las administraciones de los últimos años y la llsangría social y humana sufrida por la capital desde l985", aseguró que la cesión de suelo para cooperativistas es fruto de la presión de la izquierda política, en especial de su grupo, y de la lucha de barrios. No obstante, su grupo se abstuvo en la votación porque, según Herrera, el equipo de gobierno merecía una moción de censura por haber carecido de sensibilidad social, al no haber adjudicado todas las viviendas al cooperativismo sindical y ciudadano.

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Jesús Espelosín, en nombre del PSOE, aseguró que la propuesta de adjudicación llega "tarde y es corta". En opinión de los socialistas, la cesión de terrenos tendría que haber sido aprobada el pasado mes de diciembre y acompañada de la lista de adjudicatarios de las 3.600 viviendas que gestionará directamente la Empresa Municipal de la Vivienda.

Espelosín aseguró, en la misma línea de IU, que el centro-derecha debía haber utilizado criterios sociales en vez de criterios técnicos, que además han sido aplicados incorrectamente. "Por ejemplo, se han eliminado a todas aquellas cooperativas que hicieron constar un precio de construcción inferior a las 32.850 pesetas el metro cuadrado, cuando este dato no era pedido en el pliego. Eso es como si en un salto de altura se cambia el listón en pleno salto. Más que un salto de altura es un tiro al pichón, por lo que cabe el antidoping".

El representante socialista criticó también que se haya adjudicado alguna parcela a sociedades anónimas con ánimo de lucro. "A pesar de ello, nos puede el corazón de padres y madres. El CDS y luego Izquierda Unida han hablado de su paternidad en el plan, pero desde luego este plan tiene al menos 24 padres socialistas. Por ello y porque probablemente el alcalde que inaugurara estas viviendas será socialista, nos abstenemos", dijo Espelosín.

Barranco, sin embargo, guardaba aún una carta en la manga. Cuando séconsideraba cerrado el debate, el ex alcalde de Madrid ofreció el voto positivo de su grupo al Plan 18.000 a cambio del firme compromiso del equipo de gobierno de poner en marcha antes de final de año un plan 32.000 con el que satisfacer, sin necesidad de realizar un nuevo concurso, a aquellos cooperativistas que, cumpliendo los requisitos, no hubieran obtenido ahora terreno.

60 días para revisar

Aprobado el Plan 18.000, los representantes de los partidos políticos debatieron la propuesta de exponer al público durante 60 días la revisión del Plan General en el que se contendrán las normas urbanísticas a aplicar en esta ciudad durante los próximos 10 años.Desde el primer momento quedó clara la posición de los cuatro grupos.

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El muro del dinero

Barranco califica de "sietemesino" el borrador del plan general de urbanismo

Juan Barranco, tras esta exposición, afirmó que el nuevo plan es tan sólo una iniciativa del CDS y no del PP, grupo que, en su opinión, no apoya la revisión de una manera convincente. En un tono catastrofista, Barranco indicó: "Se quiere poner patas arriba todo el marco legal y jurídico en el que se mueve esta ciudad. No van a tener el apoyo de ningún sector para sacar adelante una criatura sietemesina. Es un error empecinarse en aprobar una revisión absolutamente innecesaria para la que no hay legitimación, pues en los programas del PSOE, IU y PP no se proponía esta medida", dijo el ex alcalde. "Si siguen así van a establecer en el seno de la sociedad un muro impenetrable: el muro del dinero. Porque a los únicos que les puede interesar este plan es a aquellas personas que han hecho retenciones especulativas de terreno en los últimos años".El tono empleado por Barranco hizo que Garro calificara su intervención de "declaración de guerra" o "ruptura de relaciones". "El PSOE habla de que no se debe cambiar el plan salvo en caso de caos. Pues esto es el caos. La situación de la vivienda y de la infraestructura es un caos, y como estamos en el caos, sin dramatismos, hay que revisar el plan general", dijo Garro, quien rechazó también la acusación de deslegitimidad. "No vi que en el programa electoral del PSOE hubiera que mandar fragatas al Golfo. Son cosas imprevisibles".

Álvarez del Manzano, en nombre del PP, negó cualquier desunión en el equipo de gobierno en la revisión del plan general y afirmó que "nunca ha habido tanta especulación como con este plan que tenemos ahora".

Cuando parecía que el enfrentamiento comenzaba a subir de tono, se aceptó, por unanimidad, la propuesta presentada por socialistas e IU para exigir a la Administración central y a la Comunidad de Madrid el "íntegro cumplimiento" del programa de inversiones en materia de tráfico y transporte en el área metropolitana, conocido como plan Felipe.

El PSOE e IU pretendieron tender una trampa al equipo de gobierno de centro-derecha para que éste se comprometiese a aportar al Consorcio Regional de Transportes los 4.000 millones de pesetas que adeuda en 1990. Pero el primer teniente de alcalde, José María Álvarez del Manzano, se limitó a aceptar la propuesta en todos sus términos.

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