El presidente de la Diputación de Alicante será juzgado por fraude

Antonio Fernández Valenzuela, del PSOE, presidente de la Diputación de Alicante desde 1983, tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial, acusado de fraude y prevaricación. Así lo ha resuelto la juez que ha instruido las querellas presentadas contra él por el Centro Democrático y Social (CDS) y por Izquierda Unida (IU), según consta en un auto dictado ayer en el que señala la apertura de juicio oral contra Fernández Valenzuela.

Esta resolución judicial no puede ser recurrida. El abogado de Fernández Valenzuela tiene ahora cinco días para presentar el co...

Antonio Fernández Valenzuela, del PSOE, presidente de la Diputación de Alicante desde 1983, tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial, acusado de fraude y prevaricación. Así lo ha resuelto la juez que ha instruido las querellas presentadas contra él por el Centro Democrático y Social (CDS) y por Izquierda Unida (IU), según consta en un auto dictado ayer en el que señala la apertura de juicio oral contra Fernández Valenzuela.

Esta resolución judicial no puede ser recurrida. El abogado de Fernández Valenzuela tiene ahora cinco días para presentar el correspondiente escrito de defensa.La decisión de la juez Carmen Soriano, titular del Juzgado de Instrucción número 5, fue acogida con satisfacción en las sedes provinciales del CDS y de IU, partidos que presentaron a través de sus diputados sendas querellas contra Valenzuela, a quien acusaban de fraude y de valerse de su cargo en beneficio de sus actividades privadas.

El CDS argumentó que el presidente de la Diputación obtuvo créditos beneficiosos de la Caja de Ahorros Provincial de Alicante para sus empresas Gráficas Díaz, S A y Encuadernaciones Moscú. Valenzuela es también, consejero general de esta entidad. El CDS ha pedido en total seis años y un día de inhabilitación especial y un mes y un día de suspensión.

La querella de IU hacía referencia a los beneficios que Fernández Valenzuela habría presuntamente obtenido al realizar contrataciones con el Ayuntamiento de Alicante, que por ley tendría prohibidos por su calidad de concejal de la corporación alicantina,

Por ello han solicitado en total dos penas de seis años y un día de inhabilitación especial, otros seis años y un día de suspensión y multas que superan los 23 millones de pesetas.

El diputado autonómico Manuel Benabent manifestó que la actuación de Fernández Valenzuela había sido hasta ahora "inmoral e ¡legal" y dijo que va en contra de cualquier sistema democrático actuaciones como la de Valenzuela, "que hace ", dijo, "lo que le da la gana amparado por su cargo de presidente de la Diputación".

María Teresa Molares, miembro del consejo político. de IU en Alicante, afirmó que la resolución judicial ha demostrado que la acción de su partido contra las actividades de Fernández- Valenzuela no eran infundadas "y que no es una mera maniobra política".