Un arrepentido acusó a Melchor Charlín de ser el jefe de una red

Manuel Fernández Padín, de 30 años, uno de los narcotraficantes arrepentidos acusó en noviembre de 1989 a Francisco Melchor Charlín Pomares, de ser el jefe de una red dedicada a la introducción de droga en España. Las acusaciones del arrepentido, que había trabajado para Charlín, se realizaron ante la Guardia Civil en un juzgado de Pontevedra. El caso pasó a la Audiencia Nacional, y el juez central 2, Ismael Moreno, acordó el procesamiento de Charlín y su ingreso en prisión.Charlín, de 28 años, ya estaba siendo buscado con anterioridad al pasado martes, cuando efectivos de policiales intentaro...

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Manuel Fernández Padín, de 30 años, uno de los narcotraficantes arrepentidos acusó en noviembre de 1989 a Francisco Melchor Charlín Pomares, de ser el jefe de una red dedicada a la introducción de droga en España. Las acusaciones del arrepentido, que había trabajado para Charlín, se realizaron ante la Guardia Civil en un juzgado de Pontevedra. El caso pasó a la Audiencia Nacional, y el juez central 2, Ismael Moreno, acordó el procesamiento de Charlín y su ingreso en prisión.Charlín, de 28 años, ya estaba siendo buscado con anterioridad al pasado martes, cuando efectivos de policiales intentaron detenerlo. El presunto capo hacía tiempo que había huido de su domicilio, por eso sus familiares contestaron: "Está embarcado".

El arrepentido, que dijo haber sido utilizado por Charlín ya que se aprovechó de su adición a varias drogas, implicó también en sus declaraciones a Francisco Omil Nazarra y Victor Manuel Saborido Aragunde como distribuidores de las drogas que él les pasaba por encargo de Charlín. Todos ellos fueron procesados en mayo de este año.

Por otro lado, el juez Baltasar Garzón continuó ayer con las declaraciones de los detenidos el martes. Ayer declararon los hermanos Ramón y José Longa Vidal. Fuentes de la investigación han asegurado que ambos negaron todas las imputaciones que se les hicieron.

Asimismo se han intervenido nuevas cuentas corrientes en Galicia por orden del juzgado y se realizan investigaciones fiscales sobre empresas relacionadas con los detenidos.

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