Aprobada la ley electoral que limita los gastos de los partidos en Euskadi

Los partidos vascos que se presenten a las elecciones autonómicas, posiblemente el último domingo de octubre, no podrán gastar más de 126 millones de pesetas para cada una de las candidaturas en toda la comunidad, en los 15 días que durará la campaña. La nueva ley electoral, aprobada ayer, elimina de hecho la precampaña al prohibir la publicidad aunque no se pida el voto, y obliga al Gobierno vasco a abonar a los grupos que obtengan representación parlamentaria los gastos de envío domiciliario de sobres y papeletas.El Parlamento vasco aprobó ayer la ley electoral en el penúltimo pleno de la le...

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Los partidos vascos que se presenten a las elecciones autonómicas, posiblemente el último domingo de octubre, no podrán gastar más de 126 millones de pesetas para cada una de las candidaturas en toda la comunidad, en los 15 días que durará la campaña. La nueva ley electoral, aprobada ayer, elimina de hecho la precampaña al prohibir la publicidad aunque no se pida el voto, y obliga al Gobierno vasco a abonar a los grupos que obtengan representación parlamentaria los gastos de envío domiciliario de sobres y papeletas.El Parlamento vasco aprobó ayer la ley electoral en el penúltimo pleno de la legislatura -de confirmarse la no habilitación de julio para realizarse sesiones- con la única abstención de Eusko Alkartasuna (EA) en aquellos puntos a los que presentaron enmiendas, al no ser aprobada ninguna de las 28 planteadas.

El País Vasco se convierte de esta manera en la primera comunidad que regula por ley sus propios procesos electorales, y designa a Tribunal Vasco de Cuentas para que controle los gastos de los partidos.

El texto mantiene la distribución de escaños por provincia en 25, fija en el 5% el número de votos para que las formaciones consigan un diputado, y perpetúa el mismo modelo de listas cerradas bajo el sistema de D'Hont para el reparto de los escaños.

EA y EE propusieron en comisión la posibilidad de votar a diferentes candidatos. Propuesta que fue rechazada por la mayoría gubernamental.

La ley designa que las subvenciones serán de 24 millones por partido para sufragar los gastos de remisión de las papeletas y sobres de votación, además de un millón por escaño conseguido y 150 pesetas por voto.

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