Las indemnizaciones para los 20.000 afectados por la colza pueden elevarse a 230.000 millones

Las indemnizaciones que el Estado debería abonar en el caso de que ex funcionarios de la Administración de la época de UCD inculpados en el segundo sumario de la colza fueran condenados se sitúan en torno a los 230.000 millones de pesetas, según se desprende de los datos sobre número de fallecidos y lesionados, sus diferentes grados de invalidez y tiempo de duración de las lesiones, facilitados ayer por Fernando Lago, presidente de la asociación de afectados de Coslada. Varios abogados acusadores recurrirán la exculpación de algunos ex funcionarios a los que consideran responsables.

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Las indemnizaciones que el Estado debería abonar en el caso de que ex funcionarios de la Administración de la época de UCD inculpados en el segundo sumario de la colza fueran condenados se sitúan en torno a los 230.000 millones de pesetas, según se desprende de los datos sobre número de fallecidos y lesionados, sus diferentes grados de invalidez y tiempo de duración de las lesiones, facilitados ayer por Fernando Lago, presidente de la asociación de afectados de Coslada. Varios abogados acusadores recurrirán la exculpación de algunos ex funcionarios a los que consideran responsables.

Según los datos facilitados por Fernando Lago, actualizados al mes de marzo de este año, el número de afectados por el síndrome tóxico asciende a 20.046. Las indemnizaciones contempladas en el auto dictado por el juez Carlos Bueren para lesionados e inválidos, y el número de éstos, arrojan un total de 401 fallecidos reconocidos oficialmente, cuyos herederos deberán ser indemnizados con 15.000.000 de pesetas. Las indemnizaciones por fallecimientos ascenderían así a 6.015 millones de pesetas. No obstante, esta cifra podría duplicarse si se reconocen como muertes derivadas del síndrome otros 435 fallecimientos pendientes de reconocimiento oficial.Los 79 afectados de gran invalidez, que deberían percibir cada uno una indemnización de 90 millones de pesetas ingresarían un montante de 7.110 millones. Las cantidades para los 431 afectados de invalidez absoluta, a razón de 70 millones cada uno, se elevarían a 30.170 millones. Los 1. 124 afectados por invalidez total, para los que se prevén indemnizaciones de 40 millones, deberían cobrar 48.560 millones. La partida más elevada, 135.864 millones, iría destinada a los 7.548 perjudicados, cuyas lesiones tardaron en curar más de 90 días.

El resto de las indemnizaciones, hasta totalizar algo más de doscientos treinta y un mil millones de pesetas corresponden a los afectados cuyas lesiones han tenido una duración entre uno y 90 días.

El auto del juez establece que en el caso de que la sentencia fuese condenatoria y los encausados resultaran insolventes para cubrir estas indemnizaciones, el Estado deducirá de su obligación de indemnizar las cantidades que acredite entregadas. Las cantidades entregadas a los afectados ascienden, según Fernando Lago, a unos 55.000 millones de pesetas. No obstante, los afectados consideran que esta cantidades fueron adelantadas en concepto de "ayudas" y no deben detraerse de las cuantías señaladas en la sentencia de la colza como "indemnizaciones".

Entuerto enmendado

Francisca Sauquillo e Ignacio Uriarte, representantes de los afectados, reiteraron en rueda de prensa su satisfacción por la resolución del juez Bueren de abrir el juicio oral contra diez de los acusados en el sumario de los altos cargos. Uriarte manifestó que con esta decisión "se ha enmendado el entuerto" que supuso separar en dos sumarios el asunto del síndrome tóxico, si bien anuncié que posiblemente recurrirá el auto para pedir que se decrete el enjuiciamiento de los entonces responsables de Sanidad y Abastos del ayuntamiento de Madrid, José María Santos y Eulogio Malo, respectivamente.

Ignacio Uriarte, acusador en nombre de la OCU, expresó su opinión de que el Estado, como responsable civil subsidiario, debería afianzar las cantidades millonarias que se han señalado a los acusados. En ese sentido, recordó que el ayuntamiento de Madrid presentó un aval bancario de 950 millones de pesetas para cubrir las responsabilidades civiles por el incendio de la discoteca Alcalá 20.

El abogado Fernando Salas, acusador que representa a 2.500 afectados, calificó de "positiva" la decisión del juez pero lamentó que no hubiese mantenido la acusación contra los principales responsables de la Administración.

En su opinión, debería haberse incluído en el auto de enjuiciamiento a Luis Valenciano Clavel, ex director general de Salud Pública y Luis Sánchez Harguindey, secretario de Estado de Sanidad en la fecha de los hechos. "Los principales altos cargos" dijo, "se han quedado fuera". "En cambio, se ha sentado en el banquillo a gente poco cualificada, gente de segunda fila".

Fernando de Salas añadió que diversas asociaciones de afectados están "abiertas a buscar una salida negociada". En tragedias como la de Ortuella, la de la discoteca Alcalá 20 o el incendio de almacenes Arias, las administraciones negociaron el pago de indemnizaciones anticipadas para evitar una sentencia condenatoria. Preguntado por una salida similar, Fernando de Salas insistió en que para que pudieran contemplarse soluciones al margen del proceso, "deberían sentarse todas las partes en torno a una mesa de negociación".

Salas añadió: "Estamos abiertos a cualquier propuesta, pero no aceptaremos ni soluciones impuestas ni negociaciones que se produzcan a nuestras espaldas".