El IRPF se impone como fórmula ideal para financiar parte de los presupuestos autonómicos

La participación de las comunidades autónomas en la recaudación y gestión de una parte del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) se perfila como uno de los ejes del futuro sistema de financiación autonómica. La configuración del nuevo modelo empezará a negociarse el próximo otoño, para entrar en vigor el 1 de enero de 1992. Socialistas y nacionalistas catalanes, dos fuerzas con un peso decisivo en la negociación, están de acuerdo en las ventajas del IRPF respecto al IVA en fase minorista para aumentar la corresponsabilidad fiscal de las comunidades.

El Partit dels Socia...

La participación de las comunidades autónomas en la recaudación y gestión de una parte del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) se perfila como uno de los ejes del futuro sistema de financiación autonómica. La configuración del nuevo modelo empezará a negociarse el próximo otoño, para entrar en vigor el 1 de enero de 1992. Socialistas y nacionalistas catalanes, dos fuerzas con un peso decisivo en la negociación, están de acuerdo en las ventajas del IRPF respecto al IVA en fase minorista para aumentar la corresponsabilidad fiscal de las comunidades.

El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) ha elaborado un primer documento analítico sobre esta reforma que ha sido bien acogido por la Generalitat "por su espíritu crítico" hacia algunos aspectos del sistema en vigor. El documento (Hacia la revisión del sistema de financiación autonómico: unas primeras consideraciones), entregado el pasado jueves a la parte catalana de la Comisión Mixta de Valoraciones Estado-Generalitat (CMVEG), no hace ninguna propuesta concreta, aunque perfila con claridad las líneas maestras de esta reforma.El PSC critica algunos aspectos del sistema actual, principalmente la escasa autonomía de responsabilidad fiscal (y por lo tanto escasa autonomía de ingresos), el elevado grado de gastos previamente condicionados (destinados a partidas concretas ya determinadas) y la excesiva desigualdad de ingresos por habitante entre comunidades autónomas con las mismas competencias.

Las posiciones críticas del documento hacia el actual sistema y su talante abierto y negociador sobre las vías de reforma fueron elogiados ayer por un alto cargo del Departamento de Economía de la Generalitat. "Es un documento importante", señaló, "porque el punto de partida para la reforma es el reconocimiento de la insuficiencia del sistema actual, con disparidades entre comunidades autónomas que gestionan los mismos servicios".

Participación o recargo

En opinión de Antoni Castells -catedrático de Hacienda Pública e inspirador de las posiciones socialistas en financiación autonómica- el IRPF es la vía más adecuada para aumentar la responsabilidad fiscal de las comunidades autónomas, y es preferible a la alternativa de los tributos (propios o cedidos) o al IVA en fase minorista.A juicio de Castells, "lo que hay que estudiar a fondo es de qué forma se puede aprovechar el IRPF". El documento del PSC plantea dos alternativas: participación a través de un determinado porcentaje (que Castells estima en el 20% para las autonomías del artículo 151 y el 5% para las del 143) de la cuota líquida del IRPF de cada comunidad o aplicación un recargo (complemento). Con la fórmula de la participación, el 80% de la cuota líquida de cada comunidad sería para el Estado y el 20% para el gobierno autónomo. Con la del complemento, el 80% sería para el Estado, y el gobierno autónomo tendría libertad para aumentar o disminuir el 20% que inicialmente le correspondería.

La vía del complemento, según Castells, tiene dos ventajas sobre la de la participación: "Impide que las comunidades vean aumentados o reducidos sus ingresos en función de la presión fiscal directa decidida por el Gobierno central, y da mayor autonomía presupuestaria a las comunidades, que pueden decidir por sí mismas aumentar la imposición o disminuirla".

Castells, sin embargo, reconoce que el sistema de la participación sin complemento "garantiza una mayor homogeneidad impositiva en todo el Estado". Si se aplicara alguna de estas dos fórmulas, el peso de la financiación condicionada descendería sensiblemente en los presupuestos autonómicos y mejoraría la capacidad de los gobiernos periféricos para decidir en qué invierten su presupuesto.

Otro aspecto destacado de la reflexión socialista es la participación de las comunidades en la gestión de la recaudación del IRPF. Una alternativa adecuada, según el documento, "sería la de ir hacia formas de administración tributaría integrada. Se trataría de crear, a partir de la actual administración tributaría del Estado, una entidad con personalidad propia en la que tuviesen representación las diferentes administraciones públicas".

Éste puede ser uno de los puntos de mayor fricción entre el Gobierno y las comunidades autónomas. El secretario de Estado de Hacienda, José Borrell, ha defendido la cesión de una parte del IRPF a las comunidades para aumentar su grado de corresponsabilidad fiscal, pero ve con reticencias la cesión del control de esta gestión a los gobiernos autónomos.