Jose Borrell aplaude la decisión del alto tribunal, que califica como "un regalo de boda"

Hacienda recibió ayer con el rnás clamoroso de sus aplausos la sentencia del Tribunal Constitucional, que ha fallado en contra de los recursos de inconstitucionalidad presentados contra la Ley General Tributaria. "Todos los artículos de la Ley General Tributarla son constitucionales, no implican irregularidad jurídica ni menoscaban la libertad de los ciudadanos", aseguró al secretario de Estado de Hacienda, José Borrell, que llegó a calificar la sentencia de "regalo de boda", y comentar que aún no se había "sobrepuesto de la emoción"."La interpretación de la ley que ha dado el Tribunal Constit...

Hacienda recibió ayer con el rnás clamoroso de sus aplausos la sentencia del Tribunal Constitucional, que ha fallado en contra de los recursos de inconstitucionalidad presentados contra la Ley General Tributaria. "Todos los artículos de la Ley General Tributarla son constitucionales, no implican irregularidad jurídica ni menoscaban la libertad de los ciudadanos", aseguró al secretario de Estado de Hacienda, José Borrell, que llegó a calificar la sentencia de "regalo de boda", y comentar que aún no se había "sobrepuesto de la emoción"."La interpretación de la ley que ha dado el Tribunal Constitucional está de acuerdo con la que estaba dando la Administración", afirmó Borrell, para concluir que, tras la sentencia, "la lucha contra el fraude fiscal queda como un mandato que la Constitución impone a los poderes públicos".

La sentencia da la razón a Hacienda sobre la constitucionalidad de 12 artículos de la Ley General Tributaria (LGT), aunque en tres de ellos matiza que no son inconstitucionales bajo una determinada interpretación jurídica. Según Borrell, "esto no supone ningún problema para la Administración pues ése era el sentido y la aplicación práctica que veníamos dando a la LGT, mientras que contesta alguna de las interpretaciones que habían dado los impugnantes".

Uno de los aspectos más polémicos de la sentencia, la graduación de las sanciones en función de la capacidad económica del defraudador, fue especialmente aplaudida por Borrell quien la calificó como "una llamada del Tribunal a la necesidad de que Administración y legislador hagan efectivo el mandato constitucional de mantenimiento de cargas comunes de acuerdo a la capacidad económica de cada contribuyente".

La graduación, de las sanciones -"que es constitucional porque no se puede tratar igual a los desiguales"- supone además la aplicación de sanciones especiales a los funcionarios públicos que cometan fraude fiscal. La suspensión de empleo o cargo público a funcionarios oficiales es una sanción acumulada a la multa sin que eso suponga una discriminación ni la imposición de urla doble sanción ya que lo que se sanciona es el deber de colaboración con la Administración de funcionarios y cargos públicos.

El elevado interés de demora que aplica la LGT a la deuda tributarla del defraudador (un 25% superior al interés de mercado) también ha recibido el refrendo del Consi.ltucional y se justifica, según Borrell, "porque el interés de la Administración es más protegible que el del defraudador".

La respuesta solidaria de las obligaciones tributarias por parte de todos aquellos que colaboraron en la infracción y la naturaleza de documento público de las actas y diligencias que extiende la Inspección han recibido también el respaldo del Constitucional.

Hacienda se encontraba en proceso de reelaboraclón de la LGT cuando un grupo de parlamentarios del Partido Popular, la sala tercera de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo y la sala primera de la Audiencia Territorial de Valencia presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto que desarrollaba la LGT. El respaldo del Constitucionalidad "desbloquea los trabajos para la elaboración de la nueva ley" pero, según el responsable de Hacierida, la redacción final de la nueva ley se realizará después de la reforma de los impuestos sobre la renta y el patrimonio.