Un sistema de arbitraje vinculante resolverá las reclamaciones de los consumidores y usuarios
El reglamento que desarrolla la Ley de Arbitraje Privado, aprobada en 1988, estará aprobado antes de un año y flexibilizará al máximo la labor de las juntas arbitrales, piezas claves de la llamada "justicia alternativa", según José Luis Verdú, jefe del Servicio de Arbitraje del Instituto Nacional de Consumo. La nueva normativa dará un amplio margen de acción a esas juntas con una aportación española a esta modalidad de justicia: su carácter vinculante. "Vamos a transformar el modelo de pacto de caballeros imperante en Europa en laudos de inmediata ejecución", dice Verdú.
El equipo técni...
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El reglamento que desarrolla la Ley de Arbitraje Privado, aprobada en 1988, estará aprobado antes de un año y flexibilizará al máximo la labor de las juntas arbitrales, piezas claves de la llamada "justicia alternativa", según José Luis Verdú, jefe del Servicio de Arbitraje del Instituto Nacional de Consumo. La nueva normativa dará un amplio margen de acción a esas juntas con una aportación española a esta modalidad de justicia: su carácter vinculante. "Vamos a transformar el modelo de pacto de caballeros imperante en Europa en laudos de inmediata ejecución", dice Verdú.
El equipo técnico que está redactando el nuevo reglamento que desarrolla la Ley de Arbitraje Privado, se ha basado en los datos aportados por las 18 experiencias piloto dsarrolladas desde hace tres años y medio en otras tantas comunidades autónomas y ayuntamientos. Estas han sido especialmente numerosas en el País Valenciano. Más del 90% de los 4.000 laudos dictados, por unanimidad, en estos tres años, se han ejecutado sin problemas, confirmó Verdú.Esto permite afirmar que "se ha abierto un hueco de protección para los consumidores aunque, de momento, no es la panacea que va a descongestionar los tribunales", matizó. Expertos internacionales reunidos recientemente en Las Palmas y en uenca señalaron que las experiencias impulsadas en Europa para la agilización de la justicia ordinaria apenas han surtido efecto y confirmaron las juntas de arbitraje como instituciones subsidiarias eficaces para descongestionar los juzgados de instrucción en España.
Verdú adelantó a este periódico que la parte procedimental y de régimen jurídico será igual para todas las juntas". El jefe del Servicio de Arbitraje del Instituto Nacional de Consumo negó que existan tendencias centralizadoras en el espíritu del reglamento. "No hay ninguna pretensión de invadir las competencias de las administraciones locales, pero necesitamos la uniformidad para hacer creíble este procedimiento de complemento a la justicia ordinaria", señaló.
Entre las medidas que recogerá el futuro reglamento destacano efectuar protocolos notariales de los laudos que se dicten en la Juntas arbitrales, tal y como se apuntaba ya en la disposición adicional primera de la ley. Esto permitiría afianzar el carácter gratuito de esta vía extrajudicial. Además, el proyecto incluye la obligación para las juntas de colgar un distintivo igual en todas sus oficinas.
Horizontalidad
Los ayuntamientos y las comunidades autónomas estructurarán el asentamiento de lajusticia alternativa en el Estado. Según adelantó Verdú no habrá juntas de primer y segundo orden, ya que los laudos dictados por cualquier junta arbitral no son recurribles en ninguna instancia superior. José Luis Verdú y el equipo técnico que está elaborando el reglamento han apostado por un texto "simple, corto y poco farragoso, basado en una flexibilidad que facilite al consumidor el acceso al sistema de arbitraje".La elaboración del texto comenzó en 1989 y ha contado con las aportaciones de los técnicos en materia de arbitraje de las diferentes autonomías, de las principales organizaciones de consumidores, así como del servicio jurídico del Estado y del Ministerio de Justicia.
Siete asociaciones
Verdú prevé su publicación en el BOE antes de un año. El jefe del Servicio de Arbitraje de Consumo fundamentó la confianza puesta en este modelo alternativo en la respuesta dada por los interesados. Hasta ahora siete grandes asociaciones de consumidores y 53 grupos menores han firmado convenios de arbitraje con la Administración.Asimismo, empresas como Renfe, Telefónica, las cámaras de propiedad, la patronal de vendedores de automóviles y la Asociación Nacional de Fabricantes de Electrodomésticos de línea marrón (vídeos... ) se han adherido al sistema de juntas arbitrales. "Los empresarios", comenta Verdú, "han pasado de una actitud de recelo y oposición, a solicitar información a la Administración; y es que antes de 1993 necesitan ponerse a la altura de la competencia europea, empresas con unos servicios y unas garantías al consumidor muy por encima de nuestra media", concluyó.