Un debate necesario
LA CONFIGURACIÓN del sistema educativo de los españoles del siglo XXI no es una cuestión menor que deba merecer de nuestra sociedad y de sus fuerzas políticas representativas menos atención que la que prestan a otros asuntos infinitamente menos relevan tes para su futuro. Sin embargo, es preocupante que en los dos largos años transcurridos desde la presentación de la propuesta para la reforma de la enseñanza apenas se hayan producido reacciones, ni para bien ni para mal, sobre un asunto del que depende todavía más el porvenir de los españoles que del Acta Común Europea o del resultado de unas ...
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LA CONFIGURACIÓN del sistema educativo de los españoles del siglo XXI no es una cuestión menor que deba merecer de nuestra sociedad y de sus fuerzas políticas representativas menos atención que la que prestan a otros asuntos infinitamente menos relevan tes para su futuro. Sin embargo, es preocupante que en los dos largos años transcurridos desde la presentación de la propuesta para la reforma de la enseñanza apenas se hayan producido reacciones, ni para bien ni para mal, sobre un asunto del que depende todavía más el porvenir de los españoles que del Acta Común Europea o del resultado de unas elecciones generales. En todo caso, si el debate ha prendido no ha traspasado el estrecho contorno académico de los expertos o el círculo de los colectivos más directamente interesados: sindicatos de profesores, asociaciones de padres de alumnos y grupos de renovación pedagógica. Lo cual es a todas luces insuficiente. Porque lo que se dice a la calle, a la opinión pública en su más amplio sentido, ese debate no ha llegado ni por asomo.Una transformación tan profunda de la educación como la puesta en marcha por el proyecto de ley de Ordenación del Sistema Educativo (LOSE) es algo que no puede, y seguramente no debe, producirse más que muy de tarde en llarde, y por ello sería deseable que la frialdad con la que hasta ahora parece haber reaccionado la sociedad española ante el proyecto de reforma sea sólo eso, aparente. La LOSE va a permitir que por primera vez la etapa de la educación infantil, que, como en el resto de Europa, será voluntaria, se integre plenamente dentro del sistema educativo para dejar de ser una especie de tierra de nadie y campo propicio para quienes siguen viendo la educación como un simple negocio. De otro lado, la nueva ley permitirá un considerable progreso en la extensión de la educación, al ampliarse hasta los 16 años el período de escolaridad obligatoria, que hoy finaliza a los 14. La nueva norma legislativa aborda también un planteamiento absolutamente diferente de la formación profesional. En primer lugar, se pretende proporcionar una formación básica a todos los estudiantes de la etapa de educación secundaria (12 a 16 años), lo que puede contribuir a corregir el exagerado sesgo teórico y libresco que ha caracterizado tradicionalmente la cultura general de los Ciudadanos españoles. Produce cierto sonrojo tener que reivindicar en este país todavía la cultura de las manos.
Mayor trascendencia reviste la nueva concepción de la formación profesional específica, a condición de que sea efectiva la implicación en la misma del mundo real de la producción (empresarios y sindicatos), tal y como se proclama en el proyecto. En éste se estructura la formación profesional en dos grados -medio y superior-, que se ofrecen como vías alternativas al bachillerato y a la Universidad, respectivamente, con la particularidad de que para cursar el grado superior será indispensable haber superado los dos cursos del nuevo bachillerato en cualquiera de sus cuatro modalidades. Si se consigue qué los futuros técnicos superiores (tal es la denominación que se da a los que cursen la formación profesional superior) reciban una enseñanza moderna, eminentemente práctica, ajustada a la realidad del actual y complejo mundo productivo, es posible que comience a paliarse la grave masificación de la Universidad española.
Será poco cuanto se diga para estimular la implicación de toda la sociedad en la redacción final de una ley de esta naturaleza. A este respecto es, por ejemplo, discutible si el compromiso político para su financiación, calculada por el Ejecutivo en un billón de pesetas, puede quedar garantizado con una simple memoria económica, sin el menor reflejo en la propia ley. El imprescindible debate social sobre la nueva ley educativa, que toma el testigo de la ya vieja de 1970, no puede quedar reducido, como apuntan algunas reacciones, a un revival de la esperpéntica y decimonónica división entre clericales y anticlericales al albur de la siempre secundaria cuestión de la enseñanza religiosa. Tampoco debería servir para resucitar los nunca desaparecidos intentos de algunos de ideologizar la escuela.