El talón de Aquiles

El alcalde de Boadilla del Monte, Aquiles Aparicio, acusado de irregularidades urbanísticas como la recalificación en suelo industrial de más de 100.000 metros cuadrados de terreno rústico que compró con otros socios por 14 millones de pesetas antes de ser elegido, ha sido descalificado por su propio partido, el PP. Una comisión de investigación municipal observó a finales del pasado año la existencia de presuntos tratos de favor, de ventas de terrenos de propiedad municipal a particulares y la realización de obras privadas pagadas con dinero público. El Partido Popular le ha pedido "con toda ...

El alcalde de Boadilla del Monte, Aquiles Aparicio, acusado de irregularidades urbanísticas como la recalificación en suelo industrial de más de 100.000 metros cuadrados de terreno rústico que compró con otros socios por 14 millones de pesetas antes de ser elegido, ha sido descalificado por su propio partido, el PP. Una comisión de investigación municipal observó a finales del pasado año la existencia de presuntos tratos de favor, de ventas de terrenos de propiedad municipal a particulares y la realización de obras privadas pagadas con dinero público. El Partido Popular le ha pedido "con toda firmeza" que abandone el cargo, "dadas las circunstancias que rodean su actuación como alcalde". Aparicio ha dejado el partido, pero no quiere abandonar el sillón.

Cuando, a puerta cerrada, el pleno de Boadilla vió los resultados de la investigación sobre las irregularidades urbanísticas -en las que presuntamente se implicaba al alcalde, algunos concejales y a familiares de ambos- todos los partidos (Partido Popular, el PSOE y, los Independientes), excepto el CDS, votaron para que las investigaciones quedaran zanjadas.El concejal del CDS, José Luis Amezqueta, prosiguió entonces en solitario con las investigaciones y ofreció a la prensa los resultados. La respuesta de sus compañeros fue en aquel momento aprobar un documento en el que defendían su inocencia y honorabilidad frente a las críticas. El concejal díscolo, Luis Amezqueta, recibió amenazas de desconocidos.

Con posterioridad, las conclusiones de la investigación fueron enviadas al fiscal, que está en la actualidad instruyendo diecisiete expedientes sobre presuntas irregularidades.

En la rueda de prensa del concejal del CDS que destapó la caja de los truenos en esta localidad poblada por urbanizaciones de lujo se denunciaron "graves corrupciones" y la "implicación" de los concejales Ángel Nicolás y Francisco Casas y de los independientes José Antonio Ferreras y Javier Pino, todos ellos vinculados a empresas constructoras e inmobiliarias como Tierras de Boadilla, S. A. y El Tejar de Boadilla.

Amezqueta también denunció las ganancias obtenidas, más de 20 millones de pesetas, por varios bancos, entre ellos el Banesto, gracias a un convenio suscrito entre la Consejería de Política Territorial de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento, y distintas entidades bancarias en la permuta de unos terrenos calificados como no edificables por otros en los que se podía construir.

Amezqueta está pediente de la resolución de una querella criminal interpuesta por alumnos de la Universidad Pontificia de Salamanca por dos presuntos delitos de estafa, según informó el diario Ya.

40.000 millones

Esta semana, el alcalde ha pedido la baja en el Partido Popular, pero se niega a renunciar a su cargo tal y como le exigen los dirigentes. La posibilidad de una moción de censura que lo desplazara de su sillón de alcalde se presenta confusa, a pesar de que el partido al que pertenecía hasta hace unas horas gobierna en minoría y a que el resto de los populares debería plegarse a la disciplina de partido.Los hechos son que tan sólo tres concejales, de los 13 con los que cuenta el municipio, se han personado como acción popular en las diligencias que se instruyen en la Fiscalía. Hace meses que las sospechas de que el alcalde podía estar mezclado en diversas irregularidades circulan por el pueblo.

Sus ex compañeros de grupo, mientras tanto, realizaron ayer una declaración 'inquietante: "Si hemos estado callados hasta ahora, para qué vamos a hablar". Y para aumentar la complejidad del problema, los resultados de la comisión de investigación indicaban que Luis Arranz, marido de la concejala del PSOE, Ángeles Barrios, tiene intereses empresariales con el alcalde y su familia en las urbanizaciones El Tejar de Boadilla y en Hormigones de Boadilla.

Aquiles Aparicio, propietario de la gasolinera que hay a la entrada del pueblo, manifestó ayer: "Lo que hay que tener es gente mandando que no tenga tentaciones. Yo, con 57 años, que todo lo que tengo lo he ganado honradamente, tengo menos tentaciones que uno que no tenga bienes".

Miembros del CDS explicaron ayer que, si el alcalde consigue sus propósitos, el negocio sería "de unos 40.000 millones de pesetas". Y añadieron con sarcasmo: "Juan Guerra, al lado de Aquiles, es un aprendiz".