Juicio contra ex altos cargos de la policía catalana por retener a adeptos de una secta

Carles Torras Rovira, ex subdirector de la Dirección General de Seguridad Ciudadana de la Generalitat de Cataluña, manifestó ayer en la Audiencia de Barcelona que la actuación de los Mossos d'Esquadra (policía autonómica) en relación con la supuesta detención ilegal de miembros de la secta Centro Esotérico de Investigación (Ceis) se llevó a cabo por indicación judicial. El 20 de junio de 1984, efectivos de los mossos detuvieron a 14 miembros de la secta. Otros siete seguidores fueron conducidos a un hostal para ser sometidos a un proceso de desprogramación, lo que, según el fiscal, constituyó ...

Carles Torras Rovira, ex subdirector de la Dirección General de Seguridad Ciudadana de la Generalitat de Cataluña, manifestó ayer en la Audiencia de Barcelona que la actuación de los Mossos d'Esquadra (policía autonómica) en relación con la supuesta detención ilegal de miembros de la secta Centro Esotérico de Investigación (Ceis) se llevó a cabo por indicación judicial. El 20 de junio de 1984, efectivos de los mossos detuvieron a 14 miembros de la secta. Otros siete seguidores fueron conducidos a un hostal para ser sometidos a un proceso de desprogramación, lo que, según el fiscal, constituyó un delito de detención ilegal.

Bajo esta acusación se inició ayer el juicio contra el ex director y el ex subdirector generales de Seguridad Ciudadana de la Generalitat, Lluís Renau y Carles Torras, respectivamente, y un funcionario del mismo departamento, Antoni Tarrida. El fiscal pide para cada uno de ellos una multa de 700.000 pesetas.El operativo de la policía autonómica se empezó a gestar a principios de 1984, cuando familiares de adeptos a Ceis recurrieron a la Generalitat para apartar a sus parientes de Vicente Lapiedra Cerdá, el guía de la secta. Seguridad Ciudadarta infiltró al funcionario Antoni Tarrida en la secta para comprobar la veracidad de lo que denunciaban los familiares: anulación de la personalidad, completo dominio de la voluntad de los adeptos e inducción a la prostitución.

El resultado de las investigaciones de Tarrida fue comunicado a Renau y, a partir de ese momento, tanto el entonces conseller de Gobernación, Maciá Alavedra, como altas instancias judiciales tuvieron conocimiento de los hechos. El 20 de junio, la policía autonómica requirió un mandato judicial para registrar varios pisos ocupados por la secta.

Libertad provisional

El operativo policial se saldó con 13 pisos registrados y 14 personas detenidas, de las que 12, incluido Lapiedra, ingresaron en prisión. Meses después salieron en libertad provisional y actualmente se encuentran a la espera de juicio.Otros siete adeptos a la secta, mayores de edad, no fueron detenidos oficialmente, pero sí conducidos por los mossos a un hostal en Corbera, cerca de Barcelona, donde fueron entregados a sus familiares para ser sometidos a desprogramación. Durante ocho días permanecieron encerrados hasta que Carles Torras se desplazó al hostal para tomarles declaración. Cuando salieron, denunciaron a Renau, Torras y Tarrida por detención ilegal.

Torras aseguró ayer ante el tribunal que se limitó a seguir las instrucciones del juez de guardia, César Plana. Este magistrado indicó verbalmente que los siete denunciantes podían ser tratados en un centro psiquiátrico, siempre que accediesen voluntariamente a ello.

Torras manifestó que tuvo conocimiento de que se iba a desarrollar la intervención de los mossos una semana antes de ser ejecutada, argumento que contrasta con el hecho de que la investigación se había iniciado meses antes. Agregó que los siete miembros de la secta fueron conducidos al hostal de Corbera en calidad de "presentados", que según él son quienes sin estar detenidos no pueden disponer libremente de sus movimientos.

Hoy está prevista la comparecencia como testigos de los consellers de Justicia, Agustí Bassols, y de Economía, Maciá Alavedra, quien en la fecha de los hechos era titular de Gobernación.