Querella criminal contra Mapfre Vida por copias ilegales de 'software'

La compañía aseguradora Mapfre Vida, integrada en la Corporación Mapfre, ha sido objeto de una inspección de la policía judicial como consecuencia de la querella criminal que interpuso la firma BSA, grupo de compañías de software de ordenadores personales de ámbito mundial. La querella acusa a Mapfre Vida de infringir la Ley de Propiedad Intelectual por haber realizado copias no autorizadas de software para uso propio y se le exige el pago de 100 millones de pesetas por daños y perjuicios.Las investigaciones de la policía judicial, realizada antes de las fiestas navideñas en todas las oficinas...

La compañía aseguradora Mapfre Vida, integrada en la Corporación Mapfre, ha sido objeto de una inspección de la policía judicial como consecuencia de la querella criminal que interpuso la firma BSA, grupo de compañías de software de ordenadores personales de ámbito mundial. La querella acusa a Mapfre Vida de infringir la Ley de Propiedad Intelectual por haber realizado copias no autorizadas de software para uso propio y se le exige el pago de 100 millones de pesetas por daños y perjuicios.Las investigaciones de la policía judicial, realizada antes de las fiestas navideñas en todas las oficinas de la compañía así como en sus filiales, han constatado la existencia de esas copias ilegales sobre programas originales. Según una nota hecha pública por BSA, existe la sospecha de que fueron borradas algunas copias al conocerse la investigación.

BSA, en la que se integran Aldus, Ashton-Tate, Autodesk, Lotus Development, Microsoft y WordPerfect, realizó una conferencia de prensa el pasado 14 de diciembre con intención de denunciar estos hechos y dar el nombre de los infractores. Sin embargo, al no haber comenzado la investigación, prefirieron guardar su nombre y el de otros. Según fuentes ligadas a BSA, la querella se presentó en verano en el juzgado número 13 de Madrid.

Fuentes de Mapfre, por su parte, no quisieron hacer ninguna manifestación con el objeto de no entrar en ninguna polémica, mientras la Asociación Española de Empresas de Software (Sedisi) mostró su total acuerdo con BSA. Su director, Florenci Bach, manifestó en aquella conferencia de prensa que las acciones legales contra la copia ilegal constituye un elemento esencial para reforzar la protección de la propiedad intelectual para el software.

BSA ha informado que en 1988 se importaron 308.500 ordenadores y sólo 105.900 aplicaciones de software legítimas. Según su presidente, Douglas Philips, poner fin a la copia ilegal causa a los productores unas pérdidas de más de 56.000 millones.

La copia ilegal de software es un delito criminal que supone multas desde 3 millones de pesetas y hasta 6 años de prisión.