El Gobierno británico presenta su polémico plan para la reforma de la justicia
El Gobierno británico presentó ayer la ley de reforma del sistema de administración de justicia en Inglaterra y Gales, que, en su forma de borrador, había levantado fuertes críticas entre los abogados y jueces del reino Unido, quienes vieron en algunos aspectos del texto una clara amenaza contra la independencia judicial.
Las concesiones introducidos por el Gobierno en el proyecto de ley siguen sin satisfacer a quienes pierden privilegios con la creación de un sistema más competitivo.
El punto más controvertido es el derecho concedido a los abogados a atender causas ante los ...
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El Gobierno británico presentó ayer la ley de reforma del sistema de administración de justicia en Inglaterra y Gales, que, en su forma de borrador, había levantado fuertes críticas entre los abogados y jueces del reino Unido, quienes vieron en algunos aspectos del texto una clara amenaza contra la independencia judicial.
Las concesiones introducidos por el Gobierno en el proyecto de ley siguen sin satisfacer a quienes pierden privilegios con la creación de un sistema más competitivo.
El punto más controvertido es el derecho concedido a los abogados a atender causas ante los tribunales superiores, acceso hasta ahora limitado a los barristers (abogados cualificados), que siguen viendo la reforma propuesta como contraria al interés público.
La desaparición de los puntos considerados como una inaceptable injerencia del Ejecutivo, que tenía derecho a participar en el comité que sé crea para regular el funcionamiento de la profesión, reduce pero no anula la conflictividad de la ley, que empezará a ser discutida primeramente en la Cámara de los Lores.
La futura normativa introduce el principio de "pleito no ganado, no minuta" y permite a las instituciones financieras realizar todo el trámite legal relacionado con la compra de vivienda por un particular, quien hasta ahora tenía forzosamente que buscar asesoramiento legal independiente.
Demandas que sólo podían ser consideradas hasta ahora por tribunales superiores podrán ser remitidas a tribunales menores, lo que permitirá reducir gastos y hacer más rápida la administración de justicia, según arguye el Gobierno en defensa de su proyecto.