Defensor solidario

Ricardo Martínez Barros, uno de los principales defensores de los nueve tripulantes de la lanzadera Bucéfalo (cuatro gallegos y cinco griegos), detenidos durante una operación anticontrabando realizada por el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) en la madrugada. del pasado 26 de octubre, ha iniciado acciones judiciales contra el SVA por presunto asesinato tras la muerte de Malucis Victoris, un marino griego que resultó muerto en la citada operación. Los detenidos tras la aprehensión del Bucéfalo con 300.000 cajetillas de tabaco de contrabando que transportaba solicitaron en ...

Ricardo Martínez Barros, uno de los principales defensores de los nueve tripulantes de la lanzadera Bucéfalo (cuatro gallegos y cinco griegos), detenidos durante una operación anticontrabando realizada por el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) en la madrugada. del pasado 26 de octubre, ha iniciado acciones judiciales contra el SVA por presunto asesinato tras la muerte de Malucis Victoris, un marino griego que resultó muerto en la citada operación. Los detenidos tras la aprehensión del Bucéfalo con 300.000 cajetillas de tabaco de contrabando que transportaba solicitaron en principio un abogado de oficio.

La intervención de Martínez Barros en el caso fue reclamada por Raúl Martín, abogado bilbaíno del capitán de la Bucéfalo (tripulante de varios barcos contrabandístas), y por familiares de uno de los detenidos. El gobernador civil de Pontevedra, Jorge Parada, dijo tras el suceso que algunos abogados de los contrabandistas han acabado siendo una pieza más del engranaje.

El abogado, que ha pedido la intervención del Colegio de Abogados de Vigo y del Consejo General de la Abogacía, valoró el fallecimiento de Victoris como "un asesinato a sangre fría", al no haberse demostrado que los tripulantes de la Bucéfalo llevasen armas. Pintadas con esta rnisma afirmación se han multiplicado por los pueblos de la costa gallega durante la última semana.

Martínez Barros es también abogado de Marcial Dorado, conocido capo de la isla de Arosa, procesado por el sumario 11/84, que hoy asegura estar retirado del negocio, y de Pérez Gil, empresario hostelero que fue condenado a varios años de cárcel tras serle intervenidos unos 175 kilos de hachís, según fuentes policiales. "El contrabandista no es violento, nadie entiende esta persecución implacable. El defender hoy el monopolio'del tabaco es anacrónico", dice Martínez Barros.