Los vecinos de Cava Baja, 30 rechazan las condiciones fijadas para su realojo
La Coordinadora por el Derecho a la Vivienda y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAV) consideran inaceptable y lesivo para los inquilinos del número 30 de la Cava Baja las condiciones de realojo que negocia Dainursa, empresa propietaria del inmueble, con el Ayuntamiento de Madrid. En el edificio, declarado en ruina el pasado 8 de agosto, viven aún 16 de las 24 familias afectadas.Según la citada coordinadora y FRAV, los actuales inquilinos se han quedado al margen de las negociaciones que, por parte del Ayuntamiento, emprendió la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV). El cole...
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La Coordinadora por el Derecho a la Vivienda y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAV) consideran inaceptable y lesivo para los inquilinos del número 30 de la Cava Baja las condiciones de realojo que negocia Dainursa, empresa propietaria del inmueble, con el Ayuntamiento de Madrid. En el edificio, declarado en ruina el pasado 8 de agosto, viven aún 16 de las 24 familias afectadas.Según la citada coordinadora y FRAV, los actuales inquilinos se han quedado al margen de las negociaciones que, por parte del Ayuntamiento, emprendió la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV). El colectivo vecinal, en un comunicado público, califica las claúsulas negociadas entre EMV y Dainursa de Iesivas e inaceptables".
Las entidades denunciantes afirman que el convenio que se negocia no contempla el realojo de todos los inquilinos y ofrece, durante el tiempo que duren las obras de rehabilitación, una ayuda que es tachada de "irrisoria" al situarse entre 15.000 y 20.000 pesetas mensuales.
Asimismo, las entidades vecinales indican que si los actuales vecinos desearan ocupar de nuevo los pisos ya rehabilitados deberían hacer frente a alquileres anuales que oscilarían entre las 8.000 y las 15.000 pesetas por metro cuadrado, lo que fijaría alquileres mensuales de 40.000 a 75.000 pesetas por un piso de 60 metros.
Según los vecinos, el Ayuntamiento intenta imponer a los inquilinos estas condiciones bajo amenaza de desalojo forzoso. "El Ayuntamiento de Madrid, que ha consentido la especulación con la citada finca, se implica ahora en una negociación con los especuladores de Dainursa que daña los intereses de los inquilinos".