Matilde y los peces

"No hay que darles un pez, sino enseñarles a pescar". La frase por la que Matilde Fernández, ministra de Asuntos' Sociales, se opuso al proyecto del Gobierno vasco de crear el salario social se ha visto desbordada por la implantación de la idea en otras cuatro comunidades autónomas: Cantabria, Cataluña, Aragón y Madrid. La respuesta a la ministra surgió en .diversos sectores, y se puede sintetizar así: "Mientras se les enseña a pescar, habrá que darles peces".Después de la iniciativa vasca, fue el Gobierno regional de Cantabria el que anunció que en 1990 entregaría 30.000 pesetas, más 5.000 pe...

"No hay que darles un pez, sino enseñarles a pescar". La frase por la que Matilde Fernández, ministra de Asuntos' Sociales, se opuso al proyecto del Gobierno vasco de crear el salario social se ha visto desbordada por la implantación de la idea en otras cuatro comunidades autónomas: Cantabria, Cataluña, Aragón y Madrid. La respuesta a la ministra surgió en .diversos sectores, y se puede sintetizar así: "Mientras se les enseña a pescar, habrá que darles peces".Después de la iniciativa vasca, fue el Gobierno regional de Cantabria el que anunció que en 1990 entregaría 30.000 pesetas, más 5.000 pesetas por hijo, a unas 1.500 familias cántabras sin recursos económicos propios. Casi al mismo tiempo, el Gobierno autónomo incluyó el salario social en sus presupuestos para el año próximo. También en 1990 Cataluña pondrá en marcha un proyecto piloto por el que se entregarán cantidades similares a 1.000 familias necesitadas, cuyo número se irá ampliando en años sucesivos. En Cataluña se han contabilizado 70.000 familias necesitadas de ayuda económica urgente.

Al contrario, en Andalucía, la mayoría socialista en el Parlamento regional rechazó una propuesta presentada por Izquierda Unida (IU) en este sentido. Los socialistas adujeron que ya existe el subsidio de paro de larga duración y el subsidio por desempleo agrario. La creación del salario social está recogida en la Propuesta Sindical Prioritaría de CC OO y UGT.

Un denominado salario mínimo de reinserción fue aprobado por unanimidad, el 12 de octubre de 1988, por la Asamblea Nacional francesa.