Los helicópteros militares violan la ley del Manzanares, denuncia la CODA
La Federación de Grupos de Defensa de la Naturaleza (CODA) ha pedido a la Comunidad de Madrid que aplique estrictamente la ley del parque regional del Manzanares para evitar que se produzcan accidentes como el ocurrido el pasado 10 de agosto, cuando un helicóptero de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (Famet) fue derribado de una pedrada en El Boalo (Madrid).Según los ecologistas, "el plan rector del patronato impide el sobrevuelo de aeronaves a menos de 2.000 metros de altura, aunque este punto es violado por los helicópteros militares".
El citado accidente ocurrió precisam...
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La Federación de Grupos de Defensa de la Naturaleza (CODA) ha pedido a la Comunidad de Madrid que aplique estrictamente la ley del parque regional del Manzanares para evitar que se produzcan accidentes como el ocurrido el pasado 10 de agosto, cuando un helicóptero de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (Famet) fue derribado de una pedrada en El Boalo (Madrid).Según los ecologistas, "el plan rector del patronato impide el sobrevuelo de aeronaves a menos de 2.000 metros de altura, aunque este punto es violado por los helicópteros militares".
El citado accidente ocurrió precisamente en las cercanías del espacio protegido. Otro helicóptero militar se estrelló el pasado 18 de enero en el embalse de Santillana, una de las zonas de mayor valor ecológico del parque regional.
Según los ecologistas, los vuelos militares a baja altura son "muy arriesgados" en esta zona, donde revolotean especies protegidas tan importantes y escasas como la cigüeña blanca y el buitre leonado, así como multitud de aves acuáticas.
"Es intolerable que sean los propios organismos oficiales, y en este caso el Ministerio de Defénsa, los que violan las leyes regionales", afirmó un portavoz de la CODA.
"El vuelo de helicópteros militares a baja altura está ocasionando también graves trastornos a los vecinos que habitan en el corredor verde que une Madrid con la sierra norte".
El grupo ecologista ha dirigido un escrito al presidente de la Comunidad, Joaquín Leguina, en el que se acusa al propio Gobierno regional de incumplir lo dispuesto por el plan rector del parque, que prevé la contratación de 28 personas para tareas de mantenimiento. En otro escrito se acusa al Ayuntamiento de Madrid de permitir construcciones ilegales dentro de los límites del parque.