Errores impunes

PUEDE SER que no sea estrictamente un error judicial que un ciudadano permanezca dos meses en la cárcel por imputársele falsamente la posesión de unas pastillas de heroína que luego resultaron ser unas inofensivas aspirinas. Pero es evidente que es un error manifiesto achacable a algún eslabón de la maquinaria estatal, que debería, en estricta justicia, haber sido reparado mediante una justa indemnización. Y eso es precisamente lo que no se ha hecho en el caso, verdaderamente kafkiano, protagonizado por el ciudadano francés Michel Gilbert Ballabriga. Detenido en el aeropuerto de Barajas como s...

PUEDE SER que no sea estrictamente un error judicial que un ciudadano permanezca dos meses en la cárcel por imputársele falsamente la posesión de unas pastillas de heroína que luego resultaron ser unas inofensivas aspirinas. Pero es evidente que es un error manifiesto achacable a algún eslabón de la maquinaria estatal, que debería, en estricta justicia, haber sido reparado mediante una justa indemnización. Y eso es precisamente lo que no se ha hecho en el caso, verdaderamente kafkiano, protagonizado por el ciudadano francés Michel Gilbert Ballabriga. Detenido en el aeropuerto de Barajas como sospechoso de llevar droga, permaneció en prísion durante dos meses ante la errónea creencia, presentada por el servicio de aduanas como una evidencia ante el juez, de que las aspirinas que le fueron intervenidas contenían heroína. El entuerto fue aclarado cuando al cabo de dos meses el correspondiente órgano administrativo procedió al análisis que demostró que las aspirinas eran sólo eso, aspirinas.Este caso es paradigmático de la situación de indefensión a que se ve sometido en ocasiones el ciudadano ante los errores, abusos o arbitrariedades provocados por la maquinaria estatal. La justicia se ha lavado las manos alegando que el error no es imputable al juez que decretó la prisión basado en un equivocado informe del servicio de aduanas. Pero aun cuando, de acuerdo con estrictos criterios procesales, esto sea así, no cabe ninguna duda de que la privación de libertad fue acordada de manera indebida y que la Administracion Pública, sea cual sea el estamento concreto a que deba imputarse directamente el error, es responsable del daño causado.

Mostrarse indiferente ante los resultados dañinos de la actividad administrativa, eludir las responsabilidades, no ayuda, precisamente, a fortalecer la confianza que debe caracterizar las relaciones entre Administración y administrados en una sociedad moderna.