Sólo el 7,5% de los 400.000 ascensores ha pasado el control oficial vigente desde 1987, según los inspectores

Sólo un 7,5% de los 400.000 ascensores existentes en España ha pasado la inspección oficial de acuerdo con la normativa en vigor desde enero de 1987, según una estimación realizada ayer por José Martín Cinto, presidente de la Asociación de Entidades de Inspección Reglamentaria (Aenicre). Esta asociación agrupa a nueve de las 12 empresas autorizadas por el Ministerio de Industria o las comunidades autónomas para realizar las revisiones reglamentarias. El ascensor del hospital de Barcelona que se desplomó el pasado domingo causando la muerte de sus siete ocupantes debía haber sido inspeccionado ...

Sólo un 7,5% de los 400.000 ascensores existentes en España ha pasado la inspección oficial de acuerdo con la normativa en vigor desde enero de 1987, según una estimación realizada ayer por José Martín Cinto, presidente de la Asociación de Entidades de Inspección Reglamentaria (Aenicre). Esta asociación agrupa a nueve de las 12 empresas autorizadas por el Ministerio de Industria o las comunidades autónomas para realizar las revisiones reglamentarias. El ascensor del hospital de Barcelona que se desplomó el pasado domingo causando la muerte de sus siete ocupantes debía haber sido inspeccionado antes del pasado mes de diciembre. Este accidente ha multiplicado por cuatro las peticiones para realizar la inspección reglamentaria.

La normativa vigente desde enero de 1987, que tiene ámbito estatal, estipula que las inspecciones oficiales de los ascensores han de tener una periodicidad bienal en las instalaciones industriales o de uso público; de cuatro años en los edificios de más de 20 viviendas o más de cuatro plantas servidas; y de seis años, en los inmuebles restantes. Hasta la promulgación de esta normativa, estas inspecciones eran realizadas por las propias empresas encargadas del mantenimiento de los elevadores y debían ser entregadas para su sellado al Ministerio de Industria o a la consejería autonómica correspondiente.Martín Cinto manifestó que las peticiones para realizar inspecciones reglamentarias se han multiplicado por cuatro en los últimos días, aunque señaló que en estas inspecciones "es prácticamente imposible" detectar el deterioro del perno roscado, la pieza que del ascensor de Bellvitge que se rompió y provocó su caída.

El técnico consideró incomprensible que fallara posteriormente el tren de frenado automático del ascensor. Fuentes próximas a la investigación señalaron que el limitador de velocidad del ascensor, que sirve para detener su motor y accionar el frenado, funcionó correctamente.

La juez que instruye el caso tomó ayer declaración al gerente del hospital de Bellvitge, Francesc Moreu, y a los dos operarios de Giesa, empresa responsable directa de la conservación del ascensor, destinados con carácter fijo en el centro sanitario, informa Pere Ríos.

Los dos técnicos de la empresa Giesa, aseguraron que durante las revisiones periódicas que efectúan en los elevadores tienen acceso visual a la pieza que se rompió y que provocó el accidente, según manifestó el fiscal del juzgado de I'Hospitalet José Pérez de Gregorio, que estuvo presente durante las cinco horas y media que duraron las declaraciones.

Las apreciaciones de los dos operarios de Giesa contradicen a las de otros expertos, según los cuales el perno que une la cabina del ascensor con una de las poleas era inapreciable en las revisiones.

Por su parte, el gerente Francesc Moreu, se ratificó en la versión de que el centro no tiene ninguna responsabilidad en el accidente y que el plazo de la próxima revisión no terminaba hasta noviembre de 1990.

Los ascensores de las tres residencias de la Seguridad Social en Madrid -La Paz, 12 de Octubre y Ramón y Cajal-han sido sometidos a las inspecciones oficiales, según portavoces de los centros sanitarios, que tienen contratos de mantenimiento con Giesa. El subdirector de la residencia 12 de Octubre se plantea la posibilidad de no renovar dicho contrato, informa Anna Galceran.

La cooperativa Castellana Ascensores, con sede en Valladolid y con una única delegación en Salamanca, está recabando información sobre la duración de los contratos de mantenimiento de Giesa "para presentarlos ante la CE por si incurren en la ilegalidad", según Antonio Foto, portavoz de la cooperativa. Castellana Ascensores ha insertado anuncios en los medios de comunicación cuestionando la actuación de Giesa, ya que ha detectado dos casos en los que aquella empresa denunció a comunidades de propietarios por suscribir otro contrato, tras rescindir el firmado por 10 años con Giesa.