El vicepresidente del Constitucional alerta sobre los riesgos de una sentencia

El vicepresidente del Tribunal Constitucional, Francisco Rubio Llorente, ha advertido sobre las "consecuencias gravemente perjudiciales" para la vida constitucional de la reciente doctrina sostenida por la mayoría del alto tribunal, que declaró "falta de jurisdicción" para resolver un conflicto de competencia promovido por el Gobierno vasco contra el Gobierno central. Rubio Llorente estima especialmente grave la sentencia de la que discrepa "para el delicado equilibrio entre los poderes del Estado y los poderes territoriales".

El origen de este caso fue el conflicto positivo de competen...

El vicepresidente del Tribunal Constitucional, Francisco Rubio Llorente, ha advertido sobre las "consecuencias gravemente perjudiciales" para la vida constitucional de la reciente doctrina sostenida por la mayoría del alto tribunal, que declaró "falta de jurisdicción" para resolver un conflicto de competencia promovido por el Gobierno vasco contra el Gobierno central. Rubio Llorente estima especialmente grave la sentencia de la que discrepa "para el delicado equilibrio entre los poderes del Estado y los poderes territoriales".

El origen de este caso fue el conflicto positivo de competencia planteado por el Gobierno vasco frente a la resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que inscribió la cooperativa Atina en el Registro de Cooperativas. El Gobierno vasco alegó que tal inscripción no respetó el orden de competencias establecido por la Constitución española y el estatuto de autonomía para el País- Vasco, dado que el domicilio social y el único centro de trabajo se encuentran en Euskadi. El abogado del Estado defendió que la actividad de Atina, según sus fundadores, se desarrolla dentro y fuera del País Vasco.La sentencia del pleno del Tribunal Constitucional, de 11 de mayo último y de la que ha sido ponente el magistrado Miguel Rodríguez-Piñero, recuerda que la finalidad del conflicto positivo de competencia es "determinar el titular de la que en cada caso sea controvertida" y asegurar "un sistema de garantías jurídicas del reparto de poderes entre diversos sujetos constitucionales".

La mayoría del alto tribunal razona, sin embargo, que en este caso el conflicto de competencias es sólo aparente, ya que "no existe controversia" sobre la titularidad de la competencia, sino que sólo se discute "el ejercicio concreto" de la misma, para e¡ que el alto tribunal estima competente a la jurisdicción contencioso-administrativa.

Frente a esta tesis de la sentencia, el vicepresidente Rubio Llorente ha formulado un voto particular -al que se han adherido los magistrados Carlos de la Vega Benayas y Eugenio Díaz Eimil- que considera inconsistentes las razones de los nueve magistrados que forman la mayoría, cuya conclusión estima "gravemente perjudicial para el equilibrio constitucional". Rubio Llorente parte de que la competencia corresponde a la comunidad autónoma vasca y reprocha a la mayoría la "distinción entre dos géneros de conflictos, a mi juicio", dice, "oscura e incompatible con las normas constitucionales y legales que el tribunal está obligado a respetar".

Graves perjuicios

Rubio Llorente recuerda que "la función de este tribunal, como órgano jurisdiccional, es la de resolver los litigios" de esta naturaleza y alerta ante lo que denomina "un apartamiento radical de la doctrina hasta ahora sentada".El vicepresidente del alto tribunal expresa también su "convicción de que la doctrina de esta sentencia", dice, "tendría, de ser mantenida, consecuencias gravemente perjudiciales para nuestra vida constitucional y más precisamente para el delicado equilibrio entre los poderes centrales del Estado y los poderes territoriáles".