El Hispano deberá pagar mas de 1.000 millones a los perjudicados por el 'rififí'

El Banco Hispano Americano deberá pagar, como responsable civil subsidiario, más de 1.000 millones de pesetas a los perjudicados por el desvalijamiento en agosto de 1985 de la cámara acorazada de la sucursal de la calle de Fontanella de Barcelona, según la sentencia dictada por la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia. El tribunal condena a la entidad por entender que no disponía de las suficientes medidas de seguridad, a las que califica de "obsoletas". La sentencia impone a seis de los procesados por el asalto penas de entre uno y cinco años de prisión y absuelve a los otros siete acus...

El Banco Hispano Americano deberá pagar, como responsable civil subsidiario, más de 1.000 millones de pesetas a los perjudicados por el desvalijamiento en agosto de 1985 de la cámara acorazada de la sucursal de la calle de Fontanella de Barcelona, según la sentencia dictada por la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia. El tribunal condena a la entidad por entender que no disponía de las suficientes medidas de seguridad, a las que califica de "obsoletas". La sentencia impone a seis de los procesados por el asalto penas de entre uno y cinco años de prisión y absuelve a los otros siete acusados.El único sistema de seguridad consistía en un sensor volumétrico que, por otra parte, fue inutilizado sin esfuerzo por los asaltantes. La sentencia afirma que el sensor era un método "obsoleto" y subraya que el banco no observó el cumplimiento del decreto de 4 de julio de 1984 que exigía la "instalación de dispositivos apropiados para la prevención de asaltos".

El fallo subraya que la entidad "no cumplió las exigencias reglamentarias, con la simple instalación de tal aparato -en referencia al sensor volumétrico- sobre todo cuando los servicios de seguridad del Banco conocían la actual vulnerabilidad de los muros de la cámara acorazada". Los asaltantes lograron acceder al subsuelo de la cámara acorazada y perforarla con una lanza térmica, después de construir un túnel de más de 300 metros de longitud que partió de una calle próxima al banco.

El montante estimado del robo, en el que se desvalijaron 387 cajas de seguridad, se calculó en torno a los 6.000 millones de pesetas, aunque los propietarios de las cajas limitaron sus reclamaciones por las pérdidas en torno a los 1.200 millones de pesetas, cantidad que deberá pagar ahora el banco. En esta cantidad sólo está reflejado el valor de joyas y objetos de arte.

José Luis Espluga López y Fernando López Salazar han sido los dos procesados a los que se les ha impuesto la pena más alta, cinco años de prisión por un delito de robo con fuerza en las cosas. La participación activa de Espluga en el asalto partió del alquiler, en enero de 1985, de la caja de seguridad número 1.133. De esta forma, Espluga podía acceder como cliente a la cámara acorazada y estudiar su estructura y sistemas de alarma. López Salazar alquiló otra de las cajas de seguridad.

Clan de los italianos

Otros cuatro de los procesados han sido condenados como encubridores del robo: Bernardina Lozano Salazar, a un año de prisión; y a Bonifacio García Molero, Mariano Vera Hernández y Ángel Fernández Cardenal a dos años de cárcel. El tribunal ha impuesto penas de dos y tres meses de arresto a tres de los acusados por falsificación de documentos. Los restantes siete encartados en el sumario por el rififí han sido absueltos porque el tribunal ha estimado que no participaron ni directa ni indirectamente en el robo.

En el fallo no se hace mención a Andrea Tranchinna ni Mario Proietti, los italianos que planearon el robo y que son considerados los cerebros del rififí. Ambos fueron juzgados y condenados por los tribunales italianos; están en libertad condicional.