Luz en el túnel

NUEVE AÑOS de guerra civil han dejado a El Salvador en un callejón sembrado de cadáveres y aparentemente sin salida. Pero hoy, a pesar de que el presidente democristiano Duarte insiste en atenerse a una rígida legalidad para procurar la pacificación del país y su Gobierno es rehén de varios ejércitos más o menos públicos que matan indiscriminadamente, se enciende por fin una tenue luz de paz al fondo del túnel.Aunque sería ilusorio concebir excesivas esperanzas tras la reunión celebrada esta semana en Oaxtepec (México) entre la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (...

NUEVE AÑOS de guerra civil han dejado a El Salvador en un callejón sembrado de cadáveres y aparentemente sin salida. Pero hoy, a pesar de que el presidente democristiano Duarte insiste en atenerse a una rígida legalidad para procurar la pacificación del país y su Gobierno es rehén de varios ejércitos más o menos públicos que matan indiscriminadamente, se enciende por fin una tenue luz de paz al fondo del túnel.Aunque sería ilusorio concebir excesivas esperanzas tras la reunión celebrada esta semana en Oaxtepec (México) entre la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y los 13 partidos políticos salvadoreños, el panorama puede estar empezando a cambiar. José Napoleón Duarte, enfermo terminal de cáncer, debe entregar la presidencia el 1 de junio a un sucesor salido de unos comicios que deberían celebrarse el 19 de marzo. Unas elecciones en las que parte como favorito el candidato de la ultraderechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), apoyado por las fuerzas armadas, frente a una Democracia Cristiana agotada por un período de gobernación muy conflictivo y que no cuenta con un candidato claro. En estas circunstancias, la única candidatura que puede equilibrar el panorama político salvadoreño es la de Convergencia Democrática, que se sustenta en la guerrilla y cuya actividad es violentamente impedida por el Ejército.

A finales de enero pasado, el FMLN hizo pública una oferta de paz y aceptación de los resultados electorales si los comicios eran pospuestos por seis meses y se respetaba la candidatura de Convergencia Democrática, impidiendo la intervención del Ejército en el proceso electoral. La oferta guerrillera, que suponía de hecho el fin de la lucha armada y el principio de la normalización política del país, fue rechazada en primera instancia por el presidente Duarte y por el líder de Arena, Roberto d'Aubuisson, sobre la base de que ello implicaba una reforma de la Constitución. Dos semanas después, sin embargo, en un gesto que es indicativo de la nueva política latinoamericana del presidente Bush, su vicepresidente, Quayle, fue enviado a El Salvador con un mensaje muy claro: si las fuerzas armadas salvadoreñas no dejaban de violar los derechos humanos, se comprometería la sustancial ayuda que EE UU presta a la República (casi la mitad de su presupuesto). Al mismo tiempo, el vicepresidente norteamericano aseguraba que existían puntos positivos en el plan del FMLN.

Unos días después, los presidentes centroamericanos sorprendían a su vez a Washington con el anuncio de un acuerdo para la democratización de Nicaragua y, de paso, ponían a El Salvador en entredicho. La reunión de México se celebraba, pues, bajo el efecto de esa doble presión. Es cierto que, a su término, sólo ocho de los trece partidos se han manifestado dispuestos a aceptar en principio el plan del FMLN sobre el retraso de las elecciones y que, por consiguiente, no ha sido posible alcanzar acuerdo alguno. Lo sustancial, sin embargo, es que la guerrilla, al añadir dos nuevos puntos importantes a su oferta de paz (integrarse pacíficamente en la vida política y reconocer al Ejército, con tal de que sea uno sólo), ha dado unas muestras de buena voluntad que parecen haber convencido a sus contertulíos. De tal forma que muchos de los asistentes en México quieren propiciar una reunión inmediata entre el FMLN y el presidente Duarte. No sería la primera que se celebra, pero sí sería la primera facilitada por las fuerzas políticas del país -incluida, al parecer, Arena-.

De una reunión así debería salir un acuerdo amplio para retrasar las elecciones hasta agosto, establecer una tregua y disciplinar al Ejército, apartándolo de toda actividad política. En este punto, la posición de Washington debe ser terminante: el principal apoyo del Ejército salvadoreño, convertido ahora en el mayor obstáculo para la paz, ha sido la pasada política norteamericana. Un cambio en esa política que no se quede en las meras palabras podría contribuir decisivamente a eliminar ese obstáculo.