Uno de los ingenieros procesados en el juicio de Tous afirma que la vigilancia de la presa era "modélica"

Cinco ingenieros se sentaron ayer en el banquillo durante la primera sesión del juicio de Tous. Unos 200 damnificados por la riada de 1982 acudieron a la sala de la Audiencia de Valencia donde se celebran las sesiones. El acto comenzó con la lectura de las calificaciones provisionales. El defensor de Román Guerrero, uno de los procesados, afirma en su calificación que la vigilancia de la presa era modélica y disponía de buena seguridad. En términos similares se expresó el resto de defensores, mientras que los acusadores resaltaron los defectos de construcción y de mantenimiento de la obra.
...

Cinco ingenieros se sentaron ayer en el banquillo durante la primera sesión del juicio de Tous. Unos 200 damnificados por la riada de 1982 acudieron a la sala de la Audiencia de Valencia donde se celebran las sesiones. El acto comenzó con la lectura de las calificaciones provisionales. El defensor de Román Guerrero, uno de los procesados, afirma en su calificación que la vigilancia de la presa era modélica y disponía de buena seguridad. En términos similares se expresó el resto de defensores, mientras que los acusadores resaltaron los defectos de construcción y de mantenimiento de la obra.

La presa de Tous, ubicada sobre el río Júcar, en la comarca valenciana de La Ribera, se desmoronó a las 19,15 horas del día 20 de octubre de 1982. Según el fiscal y los representantes de los damnificados, la rotura de la presa agravó las inundaciones que se registraron ese día. Nueve muertos y más de 40.000 millones de pesetas en daños fueron las consecuencias, según el fiscal.Algo más de 22.000 afectados por la tragedia esperan una sentencia condenatoria para poder cobrar parte de lo que perdieron en las inundaciones. Si alguno de los cinco ingenieros procesados es finalmente condenado, el Estado, como responsable civil subsidiario, debería pagar las indemnizaciones.

Cartas de los bancos

En caso de una sentencia absolutoria, los representantes de los damnificados tendrán que buscar vías judiciales contencioso- administrativas o arreglos políticos. Mientras tanto, los bancos remiten periódicamente cartas a los afectados por la riada recordándoles que deben devolver los créditos que les concedieron para rehacer sus casas, sus comercios o sus campos. Los damnificados ni las contestan. Esperan las indemnizaciones de este juicio para poder pagar.

Los procesados son Jesús González Marín, Salvador Madrigal, Florentino Santos, Román Guerrero y Juan Sancho-Tello. El fiscal solicita dos años de prisión para Madrigal, a quien acusa de cometer errores mientras fue director de las obras de la presa. Reclama un año para González Marín, ingeniero a pie de presa, por presuntos errores en el mantenimiento de la obra.

El ministerio público pide la absolución para el resto de procesados. En cambio, los acusadores solicitan cuatro años para cada uno de los cinco procesados. A Florentino Santos lo acusan de fallos durante el período en que dirigió las obras. Román Guerrero era el superior jerárquico de Santos, cuando éste cayó enfermo, y Sancho-Tello era comisario de Aguas del Júcar y no avisó a la presa, según los acusadores, de los riesgos de lluvias torrenciales, que conocía.

Las defensas, por su parte, solicitan la absolución de sus clientes al considerar que el 20 de octubre de 1982 llovió torrencialmente, sin que una construcción o mantenimiento diferentes de la obra hubieran podido evitar el desmoronamiento de la presa. Según los defensores, se trató de un fenómeno natural del que no son responsables los hombres.

Según la calificación provisional de Román Guerrero, "en cuanto a los medios técnicos con que contaba este equipo [con referencia a la inspección y vigilancia] puede considerarse la obra de Tous como "modélica". Amadeo Pérez, abogado de un grupo de damnificados, señaló a este periódico que "curiosamente", la presa no poseía sistema de radio para casos de emergencia.

Una obra no terminada

Asimismo, el defensor de Guerrero señala que, en la fecha del desmoronamiento de la presa, la obra no había sido recibida aún por la Administración "por lo que en puridad la conservación y mantenimiento de la presa correspondía a los contratistas". Éste será otro caballo de batalla de algunos acusadores, que no entienden cómo estaba en pleno funcionamiento la presa, si aún no estaban concluidos los trabajos y entregada esta obra al Ministerio de Obras Públicas.

Por otra parte, los representantes de los damnificados afirmaron ayer que entregarán pruebas periciales que demuestran los múltiples defectos de la presa. Xavier Sierra, presidente de Afiva (Asociación de Afectados por las Inundaciones de Valencia) manifestó que han tenido que recurrir a ingenieros europeos para que efectuaran peritajes, ante la negativa reiterada de los españoles para peritar a petición de las acusaciones. Así, varios especialistas británicos hablarán desde el estrado, si finalmente el tribunal lo aprueba.

Por su parte, uno de los procesados, Jesús González Marín, expresó a este periódico su preocupación por los escasos conocimientos de ingeniería que poseen algunos de los juristas que intervienen en la causa.